Desde las primeras formas de sociedad humana, el tema del gobierno se instaló para fundar y administrar una manera de convivencia colectiva, protegida y equilibrada, que resguardara la libertad de los sujetos para potenciar el máximo de sus posibilidades individuales y sociales.
En los albores de la sociedad humana, la necesidad de un orden social demandó de los más aptos, una actitud de resguardo y guía de la tribu social, y de los más débiles la entrega de una parte de su soberanía individual al gobernante. Un poco de la libertad total de cada uno fue delegada en el gobierno, para investirlo de autoridad legítima, y así nació la primera forma abstracta de poder político.
Con el tiempo, la complejidad creciente de la sociedad determinó que los gobiernos se hicieran también cada ve más complejos. El advenimiento de la modernidad política, trajo consigo una nueva concepción de la estratificación social que, en concordancia con las ideas de la ilustración, marcó un límite en las atribuciones del poder consolidado. 1789 define un cambio del paradigma social y político, en el que el Ciudadano debutó, por primera vez en la historia de la humanidad, como contraparte del Príncipe.
El Discurso Democrático Moderno: a la base de los Gobiernos Legítimos
Por primera vez, el monarca fundaba una relación efectiva de derechos con el pueblo. La soberanía popular reconquistaba un poco de lo suyo y las manos del príncipe no podían hacer más que abrirse, para entregar con humildad, o cerrarse, para defender con sangre, la soberanía del gobierno absoluto.
Sangre y fuego mediante entonces, la revolución Francesa probaba que la era del despotismo y la sumisión había terminado. La introducción del discurso democrático significó que las tradicionales relaciones de subordinación y esclavitud entre las elites de poder y las masas populares, se convirtieran en relaciones de dominación y opresión.
Según Laclau y Mouffe[1], una relación de subordinación sólo es resistida y se convierte en relación de opresión, cuando existe un “externo discursivo”, una idea que viene del exterior de su dinámica, a sustentar su condición. Esta idea, frecuentemente originada por el descontento social, se convierte en “sede de antagonismos”, de disputa y enfrentamiento. Así por ejemplo, lo que había entre siervos y señores feudales no tuvo sede de antagonismo ninguna, hasta que no apareció la extraña idea de la igualdad entre los hombres; el esclavo y el amo no constituían, para los sujetos involucrados, una relación de dominación explícita, hasta que apareció el discurso de la libertad humana y los derechos del hombre para transformarla en una relación de opresión.
El orden social exige nuevos principios articuladores, que impulsen a cada uno a actuar debidamente en sus relaciones con otros. De alguna forma, se trataba de un discurso pacificador, pro acuerdos, que intentaba rescatar la dignidad humana y que significó un cambio profundo en las relaciones entre los hombres, ahora iguales más allá de su estatura económica o social.
Sólo entonces aparecen y se despliegan las condiciones que harán posible la incorporación efectiva del ciudadano en el mundo político. La sociedad empoderada, comienza a exigir gobiernos efectivos.
Aquí termina aparentemente la sociedad jerárquica y desigualitaria, regida por una lógica teológica política, en la que el orden social encontraba su fundamento en la voluntad divina; donde el rol del sujeto estaba definido y fijado en posiciones diferenciadas sin que esto constituyera escándalo ninguno. Se trata del fin de un paradigma de larga data, el ocaso de una idea consolidada y la emergencia de una nueva forma ontológica. El debut del discurso democrático aparece para quedarse en la conciencia ontológica y abre un mundo de nuevas posibilidades de estructuración, administración y ejercicio del poder delegado en los gobiernos.
Tras las Fórmulas de Gobierno Moderno: del Ciudadano al Proletario
Rousseau pensó al ciudadano como un ente de poder soberano, capaz de ejercer gobierno sobre al menos sí mismo. El ciudadano de Rousseau se batió en histórico duelo con el príncipe de Maquiavelo, y aparentemente triunfó el poder del ciudadano sobre las artimañas del Príncipe. Pero el triunfo de Rousseau tampoco fue definitivo; llegó un nuevo externo discursivo para volver a agitar las aguas de las relaciones entre los hombres y el poder; la sede de antagonismo se radicalizó bajo el nombre de lucha de clases. El ciudadano fue noqueado por el descarnado realismo de la Revolución Industrial y reemplazado por el burgués o el proletario.
El ejercicio del poder perdió toda legitimidad y respaldo social. “Donde hay poder hay opresión”, sentencia Foucoult y su idea se encarna en la confrontación persistente entre proletarios y soberanos del poder económico. El sistema societal reventó y el desarrollo del proyecto de nación y gobierno, como convivencia organizada y legítima, se frenó drásticamente, dando paso a la revolución social.
Desde el ciudadano autosatisfecho en su empoderamiento teórico, hasta el proletario alienado con nada que perder, en la práctica, la modernidad había dado un nuevo paso; unos dicen que atrás, otros adelante, otros al lado, pero paso al fin.
Recuperados del terremoto de Marx, que finalmente ni siquiera se acercó a su meta de sociedad sin clases, los proletarios colgaron sus guantes (prueba de eso es que hoy la clase obrera se somete voluntariamente a la alienación), desapareciendo de la escena de la revolución y desocupando el vagón de la Locomotora de la Historia.
Retomaron entonces las riendas del mundo los discípulos de la Ilustración, inaugurando la era de las derechas y las izquierdas políticas, con el principal objetivo de devolver el orden al mundo, a través de la instauración de la Democracia Moderna.
La proposición democrática de gobierno avanzó sin transar, entre, contra o a pesar de dominaciones coloniales, alzamientos populares, revoluciones, totalitarismos radicales y guerras mundiales.
La creación de la Organización de Naciones Unidas y el acuerdo de Bretton Woods en 1944, determinaron un nuevo orden en la regulación del poder político del mundo. La fundación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para apoyar y financiar el desarrollo equilibrado de post guerra, significó un cambio radical en el curso de la historia occidental y en las definiciones de los gobiernos del mundo. La Democracia dejó de ser una alternativa nacional y se transformó en la opción planetaria de gobierno.
La Comunidad del Desarrollo
La comunidad política internacional apátrida apareció oficialmente, quizás por primera vez en la historia de la humanidad, y fijó sus sedes en las más sofisticadas y cosmopolitas ciudades del mundo, adquiriendo un carácter inter y supranacional. El gobierno mundial empezó a legitimarse crecientemente, con la concertación de casi todos los líderes nacionales del mundo.
Los gobiernos nacionales dejaron de deberse sólo al pueblo y generaron una nueva relación de legitimidad, esta vez, con la comunidad internacional organizada, institucionalizada y eficaz: “la comunidad del desarrollo”.
Para los gobiernos de los países en vías de desarrollo, este nuevo parentesco, significó un profundo cambio en las reglas del juego democrático. La liberalización del comercio mundial fue la estrategia escogida y, después del Consenso de Washington, la opción de la democracia neoliberal definió el desarrollo económico abierto como su primera prioridad.
En los países del Tercer Mundo, el scope de deberes de los gobiernos se amplió hacia la necesidad de cubrir los requerimientos internacionales de desarrollo; requerimientos asumidos como transversales e igualmente exigibles para todos los rincones del mundo.
Democracia, crecimiento económico, funcionamiento de las instituciones y estabilidad interna, dejaron de ser sólo objetivos nacionales y se convirtieron en condiciones intransables para participar del futuro político del mundo.
En este contexto, la necesidad de construir estadísticas y evaluar para, en la práctica, castigar o premiar, el comportamiento político económico de los países, se tornó una necesidad del modelo adoptado por la comunidad del desarrollo. Tanto así, que la libertad individual de los nacionales y la soberanía país, dependen hoy del cumplimiento de los estándares internacionales, definidos y evaluados por la comunidad internacional del desarrollo. Cooperación internacional, inversión económica privada, bloqueo, intervención y guerra, son algunos de las expresiones de premio y castigo, que se aplican efectivamente en nuestros días, en consecuencia de los nuevos indicadores.
La Gobernabilidad Exigida
El concepto de gobernabilidad se relaciona con el resultado de la administración del poder y las exigencias sociales para sustentar la legitimidad de los gobiernos. Como ejes de evaluación, apareció en los 80 (en plena crisis institucional y económica latinoamericana) para convertirse en un requisito fundamental para el desarrollo.
La gobernabilidad se entiende hoy, según la definición aportada por el Banco Mundial, como “el ejercicio de la autoridad a través de tradiciones e instituciones para el bien común, y abarca el proceso de seleccionar, monitorear y remplazar gobiernos; la capacidad de formular e implementar políticas públicas responsables y prestar servicios públicos; y el respeto de los ciudadanos y el estado hacia las instituciones que gobiernan las interacciones económicas entre ellos”[2].
Esta compleja relación entre autoridad, instituciones y ciudadanos, se expresa, para efectos de medir la calidad de los gobiernos nacionales, en seis indicadores:
1. Voz y accountability,
2. Estabilidad política y seguridad interior,
3. Efectividad del gobierno en formulación de políticas, control de la burocracia y prestación de servicios públicos,
4. Ausencia de carga regulatoria,
5. Calidad del Estado de Derecho y
6. Control de la corrupción.
Con esta elaboración, el Banco Mundial intenta formular parámetros de comparación para los países, donde se reflejen los avances y retrocesos de la gobernabilidad en el camino hacia el desarrollo, entendido como la uniformación económica del mundo, en torno a las ideas que la comunidad del desarrollo ha definido como necesarias y exigibles.
Examinemos la veracidad de esta afirmación, aplicando los supuestos de la gobernabilidad al momento contemporáneo:
El 10 de marzo de 2005, el diario “El Mercurio” de Santiago de Chile, publicó un titular que decía: “El mundo rinde un mal examen de gobernabilidad”. La noticia se refería a los resultados del estudio del Banco Mundial[3] acerca de la calidad de los gobiernos de 209 países y denotaba un especial estancamiento en lo relativo a la lucha contra la corrupción y la instauración de un “verdadero Estado de Derecho”.
En virtud de la información publicada y según los indicadores propuestos, podríamos pensar que los ejes del problema se situaban en los indicadores 5 y 6: calidad del Estado de Derecho y control de la corrupción.
Lo mismo que podría implicar que los indicadores referidos al ejercicio de los derechos ciudadanos (voice and accountability), estabilidad política democrática pacífica (political inestability an violence), efectividad de las instituciones públicas(goverment effectiveness) y fluidez de la economía de mercado (regulatory burden), se mantienen más equilibrados o menos negativos.
Este sistema de calificación comparable, es funcional no sólo a la evaluación del desarrollo interno de los países, sino también al interés de la inversión extranjera y transnacional. En este contexto, el mismo estudio señaló que, de acuerdo a las conclusiones de los investigadores, la mejora de un indicador puede implicar, a largo plazo, un aumento de hasta el 300% de PIB per cápita país.
Pero sabemos, también por la experiencia estadística, que el aumento de ese per cápita no está proporcionalmente relacionado con la superación de la pobreza ni con el verdadero desarrollo interno. Chile, sin ir más lejos, tiene un PIB de 5.800 U$ año, sin embargo el primer decil de ingreso autónomo se las arregla con menos de 1.300 U$ año; mientras el 10 % más rico tiene de base 47.500 U$ año[4]. Así mismo, la zona de América Latina y el Caribe alcanza hoy un PIB de 2.800 U$ año, sin embargo el 44% de sus habitantes reciben menos de 720 U$ año.
Por otra parte, para los países en vías de desarrollo, el puntaje asignado (en una escala que va desde el menos 2,5 al más 2,5) puede determinar también la diferencia entre recibir cooperación para el desarrollo o mera ayuda humanitaria. Esta sutileza no es menor, toda vez que verifica la posibilidad de contar con un sistema sustentable, financiado y técnicamente pertinente, para impulsar las alternativas de desarrollo en los países más pobres.
Pero no nos referimos cualquier alternativa de desarrollo, sino a una que pueda alinearse con las de las naciones más desarrolladas del planeta, en el contexto de la economía liberal transnacional.
Fortalecer las Instituciones para el Desarrollo... ¿de Quién?
Así mismo, cuando la comunidad del desarrollo habla de fortalecer las instituciones, también lo hace en un contexto que apoye el statu quo contemporáneo. Francis Fukuyama, en su última publicación[5], se refiere a la gobernabilidad necesaria para el orden mundial y al state-building, entendido como la necesidad de fortalecer las instituciones para el desarrollo.
Este es un elemento ampliamente discutido en América Latina. Más allá de si los Estados deben ampliar o no su rol en la regulación social y económica, el eje de la discusión está en saber qué nivel institucional priorizar dentro de cada Estado, para que el desarrollo ocurra sustentablemente y con equidad.
Hasta ahora, los consejos del Banco Mundial y las organizaciones internacionales, nos recomiendan (consecuentemente con sus estrategias de promover el comercio mundial para dinamizar la economía) avanzar en la institucionalidad para mantener el statu quo del sistema. Pero la experiencia de la región nos muestra que allí donde hay dudas o sospechas en torno a la racionalidad económica imperante, las instituciones (según los designios de la comunidad internacional) están llamadas a reprimir los avances sociales por el cambio, para mantener equilibrio en la zona (Bolivia, Venezuela). En cambio, donde el modelo avanza sin obstáculos, el rol de las instituciones puede ampliarse, asegurando el estándar alcanzado, con políticas sociales más extendidas y complejas (Chile, Brasil). La pregunta es, como siempre, ¿para qué?
Cuando el desarrollo y la sustentabilidad se entienden desde una perspectiva económica, lógicamente las instituciones deben ocuparse de mantener las condiciones para el flujo, el crecimiento y la acumulación del capital. Pero si estamos hablando de desarrollo en un sentido más amplio y menos unidireccional, el panorama cambia y las instituciones deben asegurar otros ámbitos, como la participación efectiva de la sociedad civil, la igualdad de oportunidades, la superación de la pobreza y la ciudadanía efectiva de los sectores más excluidos.
En la visión de Fukuyama, hay una correspondencia entre el stateness (la calidad de los gobiernos: fuertes o débiles) y el scope de funciones desarrolladas por el Estado. Estos factores determinan el avance hacia el desarrollo, siendo la fortaleza de los gobiernos la variable central. En esta visión, los países que avanzan en desarrollo son los que tienen gobiernos más fuertes, es decir donde las instituciones son eficientes en el mantenimiento de la ley, el orden y el estado de derecho; mientras las actividades desarrolladas por el Estado, expresadas en políticas sectoriales, sistemas regulatorios o algún papel en el diseño de la distribución del ingreso, son mínimas.
Como vemos, la gobernabilidad debe estar orientada a asegurar gobiernos fuertes y estructurados, para encajar sin problemas en la estructura económica mundial. Que un gobierno sea efectivo en la superación de la pobreza o en el desarrollo interno, es un objetivo de segunda generación.
Una vez más, como cuando planteaba el “fin de la Historia” (a causa de la capitulación de Este, en la forma del derrumbe del Muro), Fukuyama nos presenta una visión funcional y hegemónica de las posibilidades del futuro. Esta vez, en aparente acuerdo con la idea de un desarrollo integral, puede ver más allá de lo económico; pero finalmente devela sus intenciones cuando plantea que el desarrollo del Sur y de Latinoamérica en particular, es importante sobretodo para fortalecer la posición del “Nuevo Imperio”. En este sentido, Fukuyama no va detrás de cualquier desarrollo, sino de uno que se sume y pueda alinearse con el de Estados Unidos, líder de la comunidad del desarrollo, contra sus nuevos enemigos en la historia sin fin.
El Cuarto Indicador: Ideologizando el Desarrollo
Las ideas para el desarrollo de hoy, provienen en gran medida de una línea de pensamiento que se identifica con el liberalismo ideológico y con la concepción del desarrollo vinculada casi exclusivamente al crecimiento económico en base a la expansión del capital.
El espíritu del capitalismo, como dice Weber, exige un tipo particular de conducta económica, “que se caracteriza por la búsqueda de ganancias cada vez mayores, gracias a la utilización racional, calculada y metódica de los medios de producción, como también de las condiciones del mercado o del intercambio”.[6]
El desarrollo, en el contexto del capitalismo y entendido desde el axioma weberiano, se vincula casi exclusivamente al crecimiento económico y se aleja de las personas que no participan de las ganancias o que no tienen el comportamiento económico pertinente.
Aunque, recientemente, crece con fuerza la tendencia a ampliar el concepto de desarrollo hacia las necesidades culturales y sociales; es más correcto pensar que, aún, las principales instancias de la comunidad del desarrollo, se mantienen aplicando indicadores que más parecen líneas ideológicas, porque lejos de plantearse consultivamente a los gobiernos, exigen en la práctica el cumplimiento positivo de su propuesta.
Así, por ejemplo el cuarto indicador de gobernabilidad del BM, referido a la regulación de la economía, plantea en positivo sólo la ausencia de barreras regulatorias, sin contemplar la soberanía país al momento de elegir los sistemas productivos y arancelarios, ni las opciones sociales nacionales de desarrollo con relación a la apertura internacional.
La posibilidad de elegir soberanamente un modelo alternativo de estrategia económica, para los países en vías de desarrollo, no está contemplada en las posibilidades del presente. La imposición de libremercado a nivel transnacional, condicionó la emergencia de una dinámica mundial excluyente, que no admite disidentes, en su carrera desenfrenada hacia
quién sabe dónde. Crecer es la consigna y explotar todos los activos productivos posibles al máximo, el axioma.
Imaginar el Destino de Otras Trayectorias
La vieja idea del “desarrollo desde adentro”[7], como estrategia económica de gobierno sustentable, planteada por Raúl Prebisch en el contexto de la CEPAL de inicios de los 50, y que era decisiva a la hora de corregir las asimetrías internacionales, cumplió, murió y está sepultada, para la racionalidad politico-económica imperante.
El impresionante desarrollo de Argentina, que la llevó a ser unos de los cinco países más ricos del mundo en los 60, con un enorme desarrollo industrial nacional, es tal vez un ejemplo de las inconclusas potencialidades de ese abortado modelo de desarrollo. Las posibilidades de otras trayectorias históricas de ese proceso, podrían haber significado un giro esencial en los resultados sociales de hoy.
En ese contexto y en teoría, si prospectivamente la economía hoy se planifica hacia lo posible en el futuro, porqué no pensar que retrospectivamente también puede considerar otros escenarios. En palabras de Hugh Trevor- Roper: “no podemos pensar la historia sin la categoría de lo posible”.
La “reconstrucción imaginativa de otras trayectorias”[8], de otras opciones a los desenlaces del pasado, a fin de entender verdaderamente lo que ha sucedido, es íntimamente necesaria para comprender la lógica interna de la historia y la eventual lógica o no lógica del proceso resultante.
¿Porqué abortó el proceso de sustitución de importaciones?, ¿Porqué la industrialización nacional dejó de ser proyecto para los países del Tercer Mundo? ¿En qué momento el proyecto de Democracia Moderna propulsado por la comunidad del desarrollo, decidió hacer vista gorda con los procesos de los países menos desarrollados? ¿Cuándo América Latina decidió que la ausencia de carga regulatoria sería un parámetro para evaluar la calidad de su gobernabilidad? Responder estas preguntas sería quizás un ejercicio consecuente y ético con la historia.
En este sentido, la posibilidad de plantease otros caminos, quizás menos globales, pero más justos para los países en desarrollo, es una realidad no descartable. La comunidad del desarrollo hegemónico no es, en tanto hegémonica, sostenedora de la verdad final de la política planetaria.
Las voces emergentes de la sociedad post industrial globalizada, hablan del desarrollo como libertad y no exclusivamente como crecimiento; de la globalización como tendencia y no como ideología; de la economía como parte importante del problema, pero no como eje.
Quizás, empezar a cuestionar las decisiones y los métodos de la comunidad del desarrollo, sea una buena idea para iniciar el proceso de desembarazarnos de la racionalidad (o irracionalidad) de la estructura mundial contemporánea.
El externo discursivo de la relación entre los hombres que habitan la Tierra, hoy nos habla del antagonismo situado en la desigualdad, la injusticia, la opulencia y la miseria. En este contexto, la Tercera Vía de Lisboa, que iba tras un nuevo contrato democrático, que incluyera la superación de la pobreza, la tolerancia y el respeto humano, y la protección del medio ambiente, definitivamente no ha encontrado más puerto, como proyecto mundial, que los viejos ideales de la Revolución Francesa. “Igualdad, libertad, fraternidad” se contraponen dramáticamente al mundo de hoy, donde desigualdad, unfreedoms[9] (“deslibertades” institucionalizadas que impiden el desarrollo humano) e individualismo, dominan el panorama social.
El papel de las instituciones será definitivamente central en las posibilidades del mundo del futuro; pero es necesario que el hombre recupere la libertad para legitimar con verdad y autonomía, los caminos del desarrollo.
No es posible que, con más de la mitad del mundo viviendo en la pobreza, estemos en el momento donde más riqueza y acumulación de capital ha existido en la historia de la
Humanidad. La paradoja del desarrollo es un desafío ético antes que nada, y por eso la necesidad de un replanteamineto mundial es hoy, más urgente que nunca.
Desde el solitario Príncipe de Maquiavello, hasta los gabinetes de gobierno y las formas transnacionales de ordenación política de nuestros días, se ha construido un largo camino de formulas de poder, en cuyos ásperos senderos, sin duda, el hombre ha sido y sigue siendo tratado con dureza. La pregunta es si, a pesar de todo, la humanidad ha avanzado.
“Los individuos vivimos y operamos en un mundo de instituciones, de las que no somos siempre conscientes, muchas de las cuales trascienden hoy las fronteras nacionales. Nuestras oportunidades y perspectivas dependen crucialmente de las instituciones que existen y de cómo funcionan. Las instituciones no solo contribuyen a nuestras libertades, sino que deben ser evaluadas en función de su contribución a nuestras libertades. Así lo exige el contemplar el desarrollo humano como libertad…”
Amartya Sen (Premio Nobel de Economía 1998)
Andrea Rodríguez / ESODE 2005 / Universidad Alberto Hurtado
En los albores de la sociedad humana, la necesidad de un orden social demandó de los más aptos, una actitud de resguardo y guía de la tribu social, y de los más débiles la entrega de una parte de su soberanía individual al gobernante. Un poco de la libertad total de cada uno fue delegada en el gobierno, para investirlo de autoridad legítima, y así nació la primera forma abstracta de poder político.
Con el tiempo, la complejidad creciente de la sociedad determinó que los gobiernos se hicieran también cada ve más complejos. El advenimiento de la modernidad política, trajo consigo una nueva concepción de la estratificación social que, en concordancia con las ideas de la ilustración, marcó un límite en las atribuciones del poder consolidado. 1789 define un cambio del paradigma social y político, en el que el Ciudadano debutó, por primera vez en la historia de la humanidad, como contraparte del Príncipe.
El Discurso Democrático Moderno: a la base de los Gobiernos Legítimos
Por primera vez, el monarca fundaba una relación efectiva de derechos con el pueblo. La soberanía popular reconquistaba un poco de lo suyo y las manos del príncipe no podían hacer más que abrirse, para entregar con humildad, o cerrarse, para defender con sangre, la soberanía del gobierno absoluto.
Sangre y fuego mediante entonces, la revolución Francesa probaba que la era del despotismo y la sumisión había terminado. La introducción del discurso democrático significó que las tradicionales relaciones de subordinación y esclavitud entre las elites de poder y las masas populares, se convirtieran en relaciones de dominación y opresión.
Según Laclau y Mouffe[1], una relación de subordinación sólo es resistida y se convierte en relación de opresión, cuando existe un “externo discursivo”, una idea que viene del exterior de su dinámica, a sustentar su condición. Esta idea, frecuentemente originada por el descontento social, se convierte en “sede de antagonismos”, de disputa y enfrentamiento. Así por ejemplo, lo que había entre siervos y señores feudales no tuvo sede de antagonismo ninguna, hasta que no apareció la extraña idea de la igualdad entre los hombres; el esclavo y el amo no constituían, para los sujetos involucrados, una relación de dominación explícita, hasta que apareció el discurso de la libertad humana y los derechos del hombre para transformarla en una relación de opresión.
El orden social exige nuevos principios articuladores, que impulsen a cada uno a actuar debidamente en sus relaciones con otros. De alguna forma, se trataba de un discurso pacificador, pro acuerdos, que intentaba rescatar la dignidad humana y que significó un cambio profundo en las relaciones entre los hombres, ahora iguales más allá de su estatura económica o social.
Sólo entonces aparecen y se despliegan las condiciones que harán posible la incorporación efectiva del ciudadano en el mundo político. La sociedad empoderada, comienza a exigir gobiernos efectivos.
Aquí termina aparentemente la sociedad jerárquica y desigualitaria, regida por una lógica teológica política, en la que el orden social encontraba su fundamento en la voluntad divina; donde el rol del sujeto estaba definido y fijado en posiciones diferenciadas sin que esto constituyera escándalo ninguno. Se trata del fin de un paradigma de larga data, el ocaso de una idea consolidada y la emergencia de una nueva forma ontológica. El debut del discurso democrático aparece para quedarse en la conciencia ontológica y abre un mundo de nuevas posibilidades de estructuración, administración y ejercicio del poder delegado en los gobiernos.
Tras las Fórmulas de Gobierno Moderno: del Ciudadano al Proletario
Rousseau pensó al ciudadano como un ente de poder soberano, capaz de ejercer gobierno sobre al menos sí mismo. El ciudadano de Rousseau se batió en histórico duelo con el príncipe de Maquiavelo, y aparentemente triunfó el poder del ciudadano sobre las artimañas del Príncipe. Pero el triunfo de Rousseau tampoco fue definitivo; llegó un nuevo externo discursivo para volver a agitar las aguas de las relaciones entre los hombres y el poder; la sede de antagonismo se radicalizó bajo el nombre de lucha de clases. El ciudadano fue noqueado por el descarnado realismo de la Revolución Industrial y reemplazado por el burgués o el proletario.
El ejercicio del poder perdió toda legitimidad y respaldo social. “Donde hay poder hay opresión”, sentencia Foucoult y su idea se encarna en la confrontación persistente entre proletarios y soberanos del poder económico. El sistema societal reventó y el desarrollo del proyecto de nación y gobierno, como convivencia organizada y legítima, se frenó drásticamente, dando paso a la revolución social.
Desde el ciudadano autosatisfecho en su empoderamiento teórico, hasta el proletario alienado con nada que perder, en la práctica, la modernidad había dado un nuevo paso; unos dicen que atrás, otros adelante, otros al lado, pero paso al fin.
Recuperados del terremoto de Marx, que finalmente ni siquiera se acercó a su meta de sociedad sin clases, los proletarios colgaron sus guantes (prueba de eso es que hoy la clase obrera se somete voluntariamente a la alienación), desapareciendo de la escena de la revolución y desocupando el vagón de la Locomotora de la Historia.
Retomaron entonces las riendas del mundo los discípulos de la Ilustración, inaugurando la era de las derechas y las izquierdas políticas, con el principal objetivo de devolver el orden al mundo, a través de la instauración de la Democracia Moderna.
La proposición democrática de gobierno avanzó sin transar, entre, contra o a pesar de dominaciones coloniales, alzamientos populares, revoluciones, totalitarismos radicales y guerras mundiales.
La creación de la Organización de Naciones Unidas y el acuerdo de Bretton Woods en 1944, determinaron un nuevo orden en la regulación del poder político del mundo. La fundación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para apoyar y financiar el desarrollo equilibrado de post guerra, significó un cambio radical en el curso de la historia occidental y en las definiciones de los gobiernos del mundo. La Democracia dejó de ser una alternativa nacional y se transformó en la opción planetaria de gobierno.
La Comunidad del Desarrollo
La comunidad política internacional apátrida apareció oficialmente, quizás por primera vez en la historia de la humanidad, y fijó sus sedes en las más sofisticadas y cosmopolitas ciudades del mundo, adquiriendo un carácter inter y supranacional. El gobierno mundial empezó a legitimarse crecientemente, con la concertación de casi todos los líderes nacionales del mundo.
Los gobiernos nacionales dejaron de deberse sólo al pueblo y generaron una nueva relación de legitimidad, esta vez, con la comunidad internacional organizada, institucionalizada y eficaz: “la comunidad del desarrollo”.
Para los gobiernos de los países en vías de desarrollo, este nuevo parentesco, significó un profundo cambio en las reglas del juego democrático. La liberalización del comercio mundial fue la estrategia escogida y, después del Consenso de Washington, la opción de la democracia neoliberal definió el desarrollo económico abierto como su primera prioridad.
En los países del Tercer Mundo, el scope de deberes de los gobiernos se amplió hacia la necesidad de cubrir los requerimientos internacionales de desarrollo; requerimientos asumidos como transversales e igualmente exigibles para todos los rincones del mundo.
Democracia, crecimiento económico, funcionamiento de las instituciones y estabilidad interna, dejaron de ser sólo objetivos nacionales y se convirtieron en condiciones intransables para participar del futuro político del mundo.
En este contexto, la necesidad de construir estadísticas y evaluar para, en la práctica, castigar o premiar, el comportamiento político económico de los países, se tornó una necesidad del modelo adoptado por la comunidad del desarrollo. Tanto así, que la libertad individual de los nacionales y la soberanía país, dependen hoy del cumplimiento de los estándares internacionales, definidos y evaluados por la comunidad internacional del desarrollo. Cooperación internacional, inversión económica privada, bloqueo, intervención y guerra, son algunos de las expresiones de premio y castigo, que se aplican efectivamente en nuestros días, en consecuencia de los nuevos indicadores.
La Gobernabilidad Exigida
El concepto de gobernabilidad se relaciona con el resultado de la administración del poder y las exigencias sociales para sustentar la legitimidad de los gobiernos. Como ejes de evaluación, apareció en los 80 (en plena crisis institucional y económica latinoamericana) para convertirse en un requisito fundamental para el desarrollo.
La gobernabilidad se entiende hoy, según la definición aportada por el Banco Mundial, como “el ejercicio de la autoridad a través de tradiciones e instituciones para el bien común, y abarca el proceso de seleccionar, monitorear y remplazar gobiernos; la capacidad de formular e implementar políticas públicas responsables y prestar servicios públicos; y el respeto de los ciudadanos y el estado hacia las instituciones que gobiernan las interacciones económicas entre ellos”[2].
Esta compleja relación entre autoridad, instituciones y ciudadanos, se expresa, para efectos de medir la calidad de los gobiernos nacionales, en seis indicadores:
1. Voz y accountability,
2. Estabilidad política y seguridad interior,
3. Efectividad del gobierno en formulación de políticas, control de la burocracia y prestación de servicios públicos,
4. Ausencia de carga regulatoria,
5. Calidad del Estado de Derecho y
6. Control de la corrupción.
Con esta elaboración, el Banco Mundial intenta formular parámetros de comparación para los países, donde se reflejen los avances y retrocesos de la gobernabilidad en el camino hacia el desarrollo, entendido como la uniformación económica del mundo, en torno a las ideas que la comunidad del desarrollo ha definido como necesarias y exigibles.
Examinemos la veracidad de esta afirmación, aplicando los supuestos de la gobernabilidad al momento contemporáneo:
El 10 de marzo de 2005, el diario “El Mercurio” de Santiago de Chile, publicó un titular que decía: “El mundo rinde un mal examen de gobernabilidad”. La noticia se refería a los resultados del estudio del Banco Mundial[3] acerca de la calidad de los gobiernos de 209 países y denotaba un especial estancamiento en lo relativo a la lucha contra la corrupción y la instauración de un “verdadero Estado de Derecho”.
En virtud de la información publicada y según los indicadores propuestos, podríamos pensar que los ejes del problema se situaban en los indicadores 5 y 6: calidad del Estado de Derecho y control de la corrupción.
Lo mismo que podría implicar que los indicadores referidos al ejercicio de los derechos ciudadanos (voice and accountability), estabilidad política democrática pacífica (political inestability an violence), efectividad de las instituciones públicas(goverment effectiveness) y fluidez de la economía de mercado (regulatory burden), se mantienen más equilibrados o menos negativos.
Este sistema de calificación comparable, es funcional no sólo a la evaluación del desarrollo interno de los países, sino también al interés de la inversión extranjera y transnacional. En este contexto, el mismo estudio señaló que, de acuerdo a las conclusiones de los investigadores, la mejora de un indicador puede implicar, a largo plazo, un aumento de hasta el 300% de PIB per cápita país.
Pero sabemos, también por la experiencia estadística, que el aumento de ese per cápita no está proporcionalmente relacionado con la superación de la pobreza ni con el verdadero desarrollo interno. Chile, sin ir más lejos, tiene un PIB de 5.800 U$ año, sin embargo el primer decil de ingreso autónomo se las arregla con menos de 1.300 U$ año; mientras el 10 % más rico tiene de base 47.500 U$ año[4]. Así mismo, la zona de América Latina y el Caribe alcanza hoy un PIB de 2.800 U$ año, sin embargo el 44% de sus habitantes reciben menos de 720 U$ año.
Por otra parte, para los países en vías de desarrollo, el puntaje asignado (en una escala que va desde el menos 2,5 al más 2,5) puede determinar también la diferencia entre recibir cooperación para el desarrollo o mera ayuda humanitaria. Esta sutileza no es menor, toda vez que verifica la posibilidad de contar con un sistema sustentable, financiado y técnicamente pertinente, para impulsar las alternativas de desarrollo en los países más pobres.
Pero no nos referimos cualquier alternativa de desarrollo, sino a una que pueda alinearse con las de las naciones más desarrolladas del planeta, en el contexto de la economía liberal transnacional.
Fortalecer las Instituciones para el Desarrollo... ¿de Quién?
Así mismo, cuando la comunidad del desarrollo habla de fortalecer las instituciones, también lo hace en un contexto que apoye el statu quo contemporáneo. Francis Fukuyama, en su última publicación[5], se refiere a la gobernabilidad necesaria para el orden mundial y al state-building, entendido como la necesidad de fortalecer las instituciones para el desarrollo.
Este es un elemento ampliamente discutido en América Latina. Más allá de si los Estados deben ampliar o no su rol en la regulación social y económica, el eje de la discusión está en saber qué nivel institucional priorizar dentro de cada Estado, para que el desarrollo ocurra sustentablemente y con equidad.
Hasta ahora, los consejos del Banco Mundial y las organizaciones internacionales, nos recomiendan (consecuentemente con sus estrategias de promover el comercio mundial para dinamizar la economía) avanzar en la institucionalidad para mantener el statu quo del sistema. Pero la experiencia de la región nos muestra que allí donde hay dudas o sospechas en torno a la racionalidad económica imperante, las instituciones (según los designios de la comunidad internacional) están llamadas a reprimir los avances sociales por el cambio, para mantener equilibrio en la zona (Bolivia, Venezuela). En cambio, donde el modelo avanza sin obstáculos, el rol de las instituciones puede ampliarse, asegurando el estándar alcanzado, con políticas sociales más extendidas y complejas (Chile, Brasil). La pregunta es, como siempre, ¿para qué?
Cuando el desarrollo y la sustentabilidad se entienden desde una perspectiva económica, lógicamente las instituciones deben ocuparse de mantener las condiciones para el flujo, el crecimiento y la acumulación del capital. Pero si estamos hablando de desarrollo en un sentido más amplio y menos unidireccional, el panorama cambia y las instituciones deben asegurar otros ámbitos, como la participación efectiva de la sociedad civil, la igualdad de oportunidades, la superación de la pobreza y la ciudadanía efectiva de los sectores más excluidos.
En la visión de Fukuyama, hay una correspondencia entre el stateness (la calidad de los gobiernos: fuertes o débiles) y el scope de funciones desarrolladas por el Estado. Estos factores determinan el avance hacia el desarrollo, siendo la fortaleza de los gobiernos la variable central. En esta visión, los países que avanzan en desarrollo son los que tienen gobiernos más fuertes, es decir donde las instituciones son eficientes en el mantenimiento de la ley, el orden y el estado de derecho; mientras las actividades desarrolladas por el Estado, expresadas en políticas sectoriales, sistemas regulatorios o algún papel en el diseño de la distribución del ingreso, son mínimas.
Como vemos, la gobernabilidad debe estar orientada a asegurar gobiernos fuertes y estructurados, para encajar sin problemas en la estructura económica mundial. Que un gobierno sea efectivo en la superación de la pobreza o en el desarrollo interno, es un objetivo de segunda generación.
Una vez más, como cuando planteaba el “fin de la Historia” (a causa de la capitulación de Este, en la forma del derrumbe del Muro), Fukuyama nos presenta una visión funcional y hegemónica de las posibilidades del futuro. Esta vez, en aparente acuerdo con la idea de un desarrollo integral, puede ver más allá de lo económico; pero finalmente devela sus intenciones cuando plantea que el desarrollo del Sur y de Latinoamérica en particular, es importante sobretodo para fortalecer la posición del “Nuevo Imperio”. En este sentido, Fukuyama no va detrás de cualquier desarrollo, sino de uno que se sume y pueda alinearse con el de Estados Unidos, líder de la comunidad del desarrollo, contra sus nuevos enemigos en la historia sin fin.
El Cuarto Indicador: Ideologizando el Desarrollo
Las ideas para el desarrollo de hoy, provienen en gran medida de una línea de pensamiento que se identifica con el liberalismo ideológico y con la concepción del desarrollo vinculada casi exclusivamente al crecimiento económico en base a la expansión del capital.
El espíritu del capitalismo, como dice Weber, exige un tipo particular de conducta económica, “que se caracteriza por la búsqueda de ganancias cada vez mayores, gracias a la utilización racional, calculada y metódica de los medios de producción, como también de las condiciones del mercado o del intercambio”.[6]
El desarrollo, en el contexto del capitalismo y entendido desde el axioma weberiano, se vincula casi exclusivamente al crecimiento económico y se aleja de las personas que no participan de las ganancias o que no tienen el comportamiento económico pertinente.
Aunque, recientemente, crece con fuerza la tendencia a ampliar el concepto de desarrollo hacia las necesidades culturales y sociales; es más correcto pensar que, aún, las principales instancias de la comunidad del desarrollo, se mantienen aplicando indicadores que más parecen líneas ideológicas, porque lejos de plantearse consultivamente a los gobiernos, exigen en la práctica el cumplimiento positivo de su propuesta.
Así, por ejemplo el cuarto indicador de gobernabilidad del BM, referido a la regulación de la economía, plantea en positivo sólo la ausencia de barreras regulatorias, sin contemplar la soberanía país al momento de elegir los sistemas productivos y arancelarios, ni las opciones sociales nacionales de desarrollo con relación a la apertura internacional.
La posibilidad de elegir soberanamente un modelo alternativo de estrategia económica, para los países en vías de desarrollo, no está contemplada en las posibilidades del presente. La imposición de libremercado a nivel transnacional, condicionó la emergencia de una dinámica mundial excluyente, que no admite disidentes, en su carrera desenfrenada hacia
quién sabe dónde. Crecer es la consigna y explotar todos los activos productivos posibles al máximo, el axioma.
Imaginar el Destino de Otras Trayectorias
La vieja idea del “desarrollo desde adentro”[7], como estrategia económica de gobierno sustentable, planteada por Raúl Prebisch en el contexto de la CEPAL de inicios de los 50, y que era decisiva a la hora de corregir las asimetrías internacionales, cumplió, murió y está sepultada, para la racionalidad politico-económica imperante.
El impresionante desarrollo de Argentina, que la llevó a ser unos de los cinco países más ricos del mundo en los 60, con un enorme desarrollo industrial nacional, es tal vez un ejemplo de las inconclusas potencialidades de ese abortado modelo de desarrollo. Las posibilidades de otras trayectorias históricas de ese proceso, podrían haber significado un giro esencial en los resultados sociales de hoy.
En ese contexto y en teoría, si prospectivamente la economía hoy se planifica hacia lo posible en el futuro, porqué no pensar que retrospectivamente también puede considerar otros escenarios. En palabras de Hugh Trevor- Roper: “no podemos pensar la historia sin la categoría de lo posible”.
La “reconstrucción imaginativa de otras trayectorias”[8], de otras opciones a los desenlaces del pasado, a fin de entender verdaderamente lo que ha sucedido, es íntimamente necesaria para comprender la lógica interna de la historia y la eventual lógica o no lógica del proceso resultante.
¿Porqué abortó el proceso de sustitución de importaciones?, ¿Porqué la industrialización nacional dejó de ser proyecto para los países del Tercer Mundo? ¿En qué momento el proyecto de Democracia Moderna propulsado por la comunidad del desarrollo, decidió hacer vista gorda con los procesos de los países menos desarrollados? ¿Cuándo América Latina decidió que la ausencia de carga regulatoria sería un parámetro para evaluar la calidad de su gobernabilidad? Responder estas preguntas sería quizás un ejercicio consecuente y ético con la historia.
En este sentido, la posibilidad de plantease otros caminos, quizás menos globales, pero más justos para los países en desarrollo, es una realidad no descartable. La comunidad del desarrollo hegemónico no es, en tanto hegémonica, sostenedora de la verdad final de la política planetaria.
Las voces emergentes de la sociedad post industrial globalizada, hablan del desarrollo como libertad y no exclusivamente como crecimiento; de la globalización como tendencia y no como ideología; de la economía como parte importante del problema, pero no como eje.
Quizás, empezar a cuestionar las decisiones y los métodos de la comunidad del desarrollo, sea una buena idea para iniciar el proceso de desembarazarnos de la racionalidad (o irracionalidad) de la estructura mundial contemporánea.
El externo discursivo de la relación entre los hombres que habitan la Tierra, hoy nos habla del antagonismo situado en la desigualdad, la injusticia, la opulencia y la miseria. En este contexto, la Tercera Vía de Lisboa, que iba tras un nuevo contrato democrático, que incluyera la superación de la pobreza, la tolerancia y el respeto humano, y la protección del medio ambiente, definitivamente no ha encontrado más puerto, como proyecto mundial, que los viejos ideales de la Revolución Francesa. “Igualdad, libertad, fraternidad” se contraponen dramáticamente al mundo de hoy, donde desigualdad, unfreedoms[9] (“deslibertades” institucionalizadas que impiden el desarrollo humano) e individualismo, dominan el panorama social.
El papel de las instituciones será definitivamente central en las posibilidades del mundo del futuro; pero es necesario que el hombre recupere la libertad para legitimar con verdad y autonomía, los caminos del desarrollo.
No es posible que, con más de la mitad del mundo viviendo en la pobreza, estemos en el momento donde más riqueza y acumulación de capital ha existido en la historia de la
Humanidad. La paradoja del desarrollo es un desafío ético antes que nada, y por eso la necesidad de un replanteamineto mundial es hoy, más urgente que nunca.
Desde el solitario Príncipe de Maquiavello, hasta los gabinetes de gobierno y las formas transnacionales de ordenación política de nuestros días, se ha construido un largo camino de formulas de poder, en cuyos ásperos senderos, sin duda, el hombre ha sido y sigue siendo tratado con dureza. La pregunta es si, a pesar de todo, la humanidad ha avanzado.
“Los individuos vivimos y operamos en un mundo de instituciones, de las que no somos siempre conscientes, muchas de las cuales trascienden hoy las fronteras nacionales. Nuestras oportunidades y perspectivas dependen crucialmente de las instituciones que existen y de cómo funcionan. Las instituciones no solo contribuyen a nuestras libertades, sino que deben ser evaluadas en función de su contribución a nuestras libertades. Así lo exige el contemplar el desarrollo humano como libertad…”
Amartya Sen (Premio Nobel de Economía 1998)
Andrea Rodríguez / ESODE 2005 / Universidad Alberto Hurtado
[1] Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. “Hegemonía y Estrategia Socialista: Hacia una radicalización de la Democracia”. Siglo XXI. 1985.
[2] Daniel Kaufmann. “Rethinking Governance”. Foro Económico Mundial. Banco Mundial 2003.
[3] “La dirección importa IV: Nuevos datos, nuevos hechos”. Investigación dirigida por el chileno Daniel Kaufmann, director del programa de Gobernabilidad del Banco Mundial.
[4] MIDEPLAN. Casen 2003.
[5] Francis Fukuyama. “State-building Governance and World Order”. Cornell University Press. Ithaca. 2004.
[6] Max Weber. “Etica protestante y Espíritu del Capitalismo”. Península. Barcelona 1969.
[7] José Antonio Ocampo (editor) . Raúl Prebisch, “La agenda del desarrollo económico en los albores del siglo XXI”, JA Ocampo, Bogotá 2004.
[8] Cornelius Castoriadis. “El Mundo Fragmentado”, 1989.
[9] Amartya Sen. “Desarrollo y Libertad”. Planeta. Buenos Aires. 2000.
[2] Daniel Kaufmann. “Rethinking Governance”. Foro Económico Mundial. Banco Mundial 2003.
[3] “La dirección importa IV: Nuevos datos, nuevos hechos”. Investigación dirigida por el chileno Daniel Kaufmann, director del programa de Gobernabilidad del Banco Mundial.
[4] MIDEPLAN. Casen 2003.
[5] Francis Fukuyama. “State-building Governance and World Order”. Cornell University Press. Ithaca. 2004.
[6] Max Weber. “Etica protestante y Espíritu del Capitalismo”. Península. Barcelona 1969.
[7] José Antonio Ocampo (editor) . Raúl Prebisch, “La agenda del desarrollo económico en los albores del siglo XXI”, JA Ocampo, Bogotá 2004.
[8] Cornelius Castoriadis. “El Mundo Fragmentado”, 1989.
[9] Amartya Sen. “Desarrollo y Libertad”. Planeta. Buenos Aires. 2000.
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