justicia y trabajo

El trabajo es ante todo un derecho humano. La dignidad del hombre depende de la oportunidad de formar parte de la construcción y la realización del bien común, y este propósito intrínseco se expresa en el trabajo.
En el mundo social, además de aportar medios para la subsistencia a través del acceso a la renta, y de permitir la integración, el trabajo conlleva implícita la posibilidad de la realización personal.
La remuneración justa integra el compromiso del trabajador con el trabajo y su reconocimiento por parte de la empresa. La valoración del trabajo, como factor principal de la dinámica social, implica un compromiso recíproco, cuya retribución se expresa en el salario justo.
Los criterios para la remuneración justa suponen entonces, primeramente, una aportación efectiva del trabajador a la producción y luego, una valoración de este trabajo también efectiva.
El trabajo no es una mercancía, al ser naturalmente una actividad humana, releva a la persona y pone al sujeto que trabaja como centro de la relación. En este sentido el salario debe necesariamente permitir que el trabajador satisfaga sus necesidades sociales y económicas básicas.
Pero, más allá de la teoría, y a pesar de su lógica, la realidad es que la dimensión ética del trabajo humano no encuentra en nuestros días un camino fácil.
La explotación infantil a través del trabajo, comunidades completas afanando las cosechas de caña durante quince horas diarias por un dólar y medio a la semana, niños cargando más peso que el propio para tener agua, los nefastos sistemas previsionales y de protección del trabajador, son sólo ejemplos de una sociedad que no aún no alcanza, ni por las astas, condiciones mínimas de dignidad en el trabajo humano.

RSE

Nuestro tiempo ha producido una enorme cantidad de discusiones y proposiciones respecto al ethos colectivo y a la responsabilidad social de las instituciones que lucran y trabajan con interacción humana.
La convivencia legítima de los intereses de las distintas entidades sociales, es un desafío en construcción para nuestra generación. Hoy sabemos que sólo una ecualización en la repartición de los beneficios del sistema, puede encaminar a la sociedad hacia modos más justos y éticos de convivencia, dónde el desarrollo sea una escalada cualitativa para la vida de todas las personas.
Esta idea de responsabilidad común, en el contexto occidental social de hoy, centrado en la materialidad y el dinero, exige un comportamiento efectivo de los actores empresariales e industriales, de los grandes y medianos conglomerados, que conforman la empresa productiva.
La Responsabilidad Social Empresarial surge, por una parte, como una respuesta a los nuevos cánones de los medios de producción; en el modelo neo liberal clásico, las propias entidades productivas evolucionan naturalmente para democratizar su éxito y derramar beneficios en la sociedad. Por otra parte, también aparece como un concepto clave para reparar y refundar la relación entre los dueños de los medios de producción y sus trabajadores, comunidades y entorno.
La Responsabilidad Social Empresarial es una estrategia corporativa que, sin apartarse de los fines racionales del negocio, crea un conjunto de prácticas que producen beneficios (y evitan daños) para todos los interesadas directa o indirectamente en la acción de la empresa.

¿es el neoliberalismo una ideología?

Es complejo, desde la experiencia de un país como el nuestro, abstraerse a la certidumbre de que el neoliberalismo es una ideología y de que, además, lo es con una doctrina exógena.
En el modo como cayó sobre el Chile de mediados de los 70’, es evidente que no se trataba de una opción política local o de una elucubración diseñada por nuestros intelectuales. El neoliberalismo apareció por el norte, con su ejército de ejecutivos cargados con los instrumentos contrarrevolucionarios necesarios, para borrar del mapa identitario nacional, todo vestigio de socialismo, cooperativismo y planificación centralizada.
Antes de avanzar sobre el resto de Latinoamérica, se probó en Chile con detenimiento.
Como un ensayo general del modelo de mundo que se estaba planificando en los salones de Washington y Londres, los comienzos del neoliberalismo chileno tuvo avances y retrocesos, éxitos y derrotas, hasta ajustar todas las piezas necesarias para instalar un sistema completamente concadenado y eficaz.
El neoliberalismo hizo de sí mismo, en Chile, una de las expresiones más perfectas de hegemonía ideológica. Logró, en apenas 20 años, plantarse como si hubiera existido siempre, como si sus valores formaran parte de la más profunda identidad nacional, como si la historia económica, política y social vividas en nuestros 200 años de formal independencia, no hubieran aportado otros rumbos, por contraste o por experiencia, a las posibilidades de las trayectorias futuras.
Entre sus antiguas y profundas raíces, la ideología que llegó, vino de avalada por el poder político Thatche-Reagan. A cargo del marco teórico, la filosofía de sustento y la metodología pertinente, estuvieron los profesores Milton Friedman y Friedrich von Hayek.
El neoliberalismo sistematizado, traducido, organizado, intelectualizado, producido y envasado por la Universidad de Chicago, fue un paquete irrenunciable para los países del tercer mundo que, en esos convulsionados tiempos, se debatían entre la pobreza de sus pueblos y los ánimos agitados de revoluciones realizadas, inminentes o posibles.
El escenario era propicio para la intervención. Pocos países del Sur pasaron por la segunda mitad del siglo XX, sin alzamientos, sediciones o golpes militares para prevenir, reprimir o realizar la revolución o cualquier otro tipo de conflicto armado interno. En ese contexto, cualquier idea de desarrollo posible (todavía más si venía asociada al compromiso financiero del FMI), era una tabla de salvación para los inconscientes caudillos que frecuentemente lideraban los procesos políticos de los países más pobres.
En el Primer Mundo, entretanto, la inmovilidad política doméstica definida por los pactos de la Guerra Fría, concedía el momento de calma necesaria para aplicarse en tareas más finas. Las carpetas con ideas filosóficas, las propuestas en espera, los libros inconclusos por falta de tiempo, hallaron el espacio prometido para su desarrollo y difusión. Las Universidades y los Centros de Estudios bullían de eurekas.
Jibarización del Estado, monetarismo a ultranza, control de la inflación como prioridad económica (lo que redundó en la extinción de las bancas centrales como controladoras de los recursos financieros soberanos) y el neoestructuralismo aplicado al mercado del trabajo y a las necesidades sociales de los más pobres, fueron los estandartes de la cruzada neoliberal.
Los tiempos del liberalismo, entendido como libertad para el hombre a través de su protagonismo social y de la regulación y control de las máquinas del desarrollo como la economía, habían llegado a su fin. La autonomía se alejaba del hombre y se convertía en un concepto mucho más abstracto, asociado ahora al mercado vivo, autosuficiente y ordenado en perfección cuando se libera toda su potencia.
Tal es el nuevo credo: el mercado libre, demiurgo de la sociedad; el que eliminó de entrada toda discusión sobre las estrategias del futuro y así, sin más preguntas por lo necesario, por lo justo, por lo ético, inauguró un nuevo paradigma en el marco de la modernidad. Un modelo competitivo y eficiente, donde la marcha de la humanidad se hizo más rápida, pero menos humana.

Andrea Rodríguez Chiffelle
ESODE XI UAH

Modernización: Factor del Desarrollo

La idea de Modernización del Estado se enmarca en la dinámica de los procesos acelerados de cambio, que afectan hoy a la humanidad, en todas sus dimensiones.
Haciendo uso del conjunto de transformaciones y desarrollos técnicos, científicos y sociales de nuestros días, las entidades del sector público se actualizan e incorporan nuevas maneras corporativas de ser: formas de organización, tecnologías físicas, metodologías sociales y comportamientos institucionales. Todo ello les permite alcanzar sus objetivos y proyectar nuevas metas, de un modo más efectivo y eficiente.
¿Hacia dónde se encaminan esos objetivos y metas?
Hacia la consolidación de un Estado democrático y participativo, donde los ciudadanos ejerzan en plenitud sus derechos y participen en la gestión pública. Hacia la transparencia de actividad estatal como base de la prevención de la corrupción del sector público. Hacia la descentralización y la fluida articulación de de los niveles centrales, regionales y locales. Hacia la expansión de los beneficios del desarrollo promoviendo un Estado solidario y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Hacia la cimentación de un Estado fuerte y asertivo, capaz de hacerse cargo de las exigencias del presente y del futuro en función de los requerimientos necesarios. Hacia un Estado eficiente y eficaz en el diseño de su institucionalidad y en el mejoramiento del sector público, con énfasis especial en la incorporación de nuevas tecnologías. Hacia la afirmación de un estado normativo y subsidiario, avanzando en su capacidad preceptiva, reguladora y fiscalizadora[a].
Estas metas requieren cambios sólidos y sustentables, que contemplen también una relación previsora y pro-activa en materia de desarrollo económico, de suministro de seguridad y de incorporación de la ciudadanía en plena participación. Todo a través de un especial énfasis en la optimización de las posibilidades que ofrece la revolución tecnológica en cuanto a información y comunicaciones.
En América Latina, la modernización del Estado, a través de un marco de reformas administrativas e institucionales, está incluida transversalmente en todos los planes de gobierno. Las organizaciones supranacionales ponen un énfasis especial en este punto. En cada una de sus periódicas conferencias iberoamericanas de Ministros de Administración Pública y Reforma de Estado, el CLAD[b] , por ejemplo, ha confirmado la importancia del intercambio y fomento entre los países de la región, en lo relativo a materias relacionadas con la reforma del Estado, el fortalecimiento de las instituciones públicas y la modernización de los mecanismos de gestión.

Modernización a la Chilensis

En Chile, lo que conocemos como procesos de modernización, tienen una larga data. Sin embargo, la mayoría de las líneas que se desarrollan y se difunden hoy, se inauguran con el retorno de la democracia.
A fines de los años 20, comienza en Chile lo que podríamos llamar ‘los primeros fulgores’ de la modernización del Estado. Bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se crean muchas de las actuales instituciones públicas que han contribuido a optimizar la gestión estatal, como la Tesorería General de la República y el Cuerpo de Carabineros, entre otras. Pero no es sino hasta los 50’, cuando empieza un consciente avance hacia el desarrollo del Estado como promotor de la modernización.
A la par con el resto del mundo, la teoría del desarrollo de la modernización, aparece en Chile como una necesidad importada de los planes de post guerras mundiales. En ese entonces, Estados Unidos, se involucra con la reconstrucción de la devastada Europa y se convierte en el líder del mundo, tras la implementación del Plan Marshall. Además, expande su apoyo político y financiero (dentro de la política interna de “Contención y Prioridades”, diseñada por Georges Kennan) a algunas economías emergentes como Taiwán, Corea del Sur y Japón[c]. La integración de América Latina no es prioridad en ese momento, y Chile -al igual que el resto de las naciones soberanas de la zona- intenta interpretar los designios internacionales para aprovechar lo mejor posible las contingencias, en busca de un modelo de desarrollo pertinente y propicio, principalmente, para la promoción de su economía.
En esos días, el principal, y prácticamente único, socio de los gobiernos chilenos en los temas públicos de desarrollo, es la Universidad de Chile. Cuando se crea la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, en 1954, ella se hace cargo de pensar las reformas necesarias para el desarrollo. Al comienzo recibe la asesoría de misiones extranjeras (como la Misión Kemerer y la Misión Klein Sacks), y pronto emprende la tarea de crear el aparato necesario, al interior del Estado, para auto generar sus propias políticas de modernización, reforma y desarrollo. Se crea la ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional), la OCOM (Oficina de Organización y Métodos) y la ENA (Escuela Nacional de Capacitación), todas a la base de la construcción del Estado administrador y planificador[d].
Desde entonces, los procesos de modernización y reforma han seguido un camino de desarrollo y reinvención continua. Incluso en los períodos de anarquía, golpes de Estado y gobiernos de corta duración. Su asociación directa con la Academia mantuvo esta prioridad como una línea permanente, y a veces paralela, al acontecer político nacional.
Hoy el tema tiene sede en el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Su acción y reflexión se nutre de la asociación con universidades, institutos y organizaciones nacionales e internacionales, tanto de la esfera pública, como de la privada.
Su destino exprofeso es “ampliar los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos y avanzar hacia una nueva época en un mundo en plena transformación”[e] y sus principales énfasis están dados en las reformas a la educación, la salud y la justicia.
Para la consecución de sus metas, hoy ha desplegado tres ejes de acción, que marcan el camino a seguir para avanzar en la consecución de las metas. Son la Agenda de Modernización del Estado, la Agenda de Transparencia y la Agenda de Promoción del Crecimiento, también conocida como Agenda Pro Crecimiento. En consecuencia a las metas y a las agendas, las áreas de trabajo de la gestión pública se enfocan al gobierno electrónico, la modernización, la participación, el procedimiento administrativo, la regionalización y la transparencia.

Desarrollo y Modernización: una Relación en Proceso

Los profundos cambios al interior de los aparatos estatales, unidos a la tendencia expansiva de la Globalización, se producen cada vez con mayor aceleración y progreso; de manera tal que se constituyen en una especie de transformación continua, alimentada preferentemente por los actores de la sociedad desarrollada. Estos actores, altamente especializados y extremadamente evolucionados en términos técnicos, expanden e implementan sus conocimientos hacia otras sociedades menos desarrolladas, en lo que Cabrera y Benzo[1] llaman proceso de adopción.
Siguiendo esta línea de argumentación, las posiciones críticas afirman que muchas de las tendencias “adoptadas” en las reformas y en los procedimientos de modernización del Estado de los países en vías de desarrollo, se han recogido de elaboraciones exógenas a las circunstancias de desarrollo y evolución de nuestras sociedades tercermundistas en particular.
Esto habría llevado al hecho (bastante irrefutable en las cifras) de que muchos de los países latinoamericanos y especialmente los más pobres, a pesar de haber invertido importantes recursos en la implementación de reformas modernizadoras, no hayan tenido resultados que puedan traducirse en una mejora sustancial y sustentable de la calidad de vida de sus habitantes, y por el contrario, las reformas se constituirían en un factor más del acrecentamiento de las desigualdades.

“…debemos preparar previamente un diseño de país ordenado, lógico, previsible y contar con un nivel dirigencial acorde a la circunstancia, donde las reglas de juego sean claras y parejas, estableciendo políticas sencillas, apropiadas y adecuadas a una realidad que es dinámica… Por lo tanto, cuando decimos apropiadas, adecuadas y sencillas queremos significar que se adapten rápidamente a los cambios que se producen en forma permanente y a su vez no desnaturalicen los conceptos del modelo de país pretendido”[2].

Seguramente los que experimentamos la modernización y las reformas del Estado como procesos principalmente técnicos, éticamente inocuos, instrumentales y sin tendencia ideológica, no veremos en esta mirada crítica más que un pequeño defecto del modelo, un detalle. Pero quizás valga la pena detenernos un par de páginas en estas ideas y escuchar un poco más del discurso crítico al proceso modernizador que está en curso.
Bernardo Kliksberg, afamado catedrático y asesor de organismos internacionales como ONU, OIT, OEA y UNESCO, ex director del Proyecto de la Naciones Unidas para América Latina de Modernización del Estado y Gerencia Social; coordinador del Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES-BID) y actualmente coordinador de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo, apunta en uno de sus libros:

“Es necesario discutir antes que nada, cuál es la función que se desea para el Estado en los países en vías de desarrollo… Las reformas y modernizaciones técnicas, absolutamente necesarias, no pueden ser elegidas de forma abstracta o a partir de la oferta de tecnologías del mercado. Deben existir criterios de elección dirigidos por la idea central de que, dada una función determinada para ser cumplida por el Estado, habría un tipo de tecnología más apropiada para posibilitar que ella cumpla, con la mayor eficiencia posible, esa función. La discusión tecnocrática pura y simple sobre la reforma del Estado para el desarrollo social, debería ser superada por un debate más amplio que, partiendo de las nuevas posiciones con respecto a los modelos de desarrollo, extraiga conclusiones sobre cuáles serían los papeles de Estado deseable…”[3].

Cuando Kliksberg habla de las nuevas posiciones con respecto a los modelos de desarrollo, se refiere naturalmente al creciente consenso latinoamericano y mundial que entiende el crecimiento económico como un factor del desarrollo y ya no como su norte y su centro.
Los “Sures” hemos entendido a palos, que el modelo neoliberal a ultranza implementado sin discernimiento ni concurso en América Latina durante el período político Reagan-Thatcher, sustentado en las elaboraciones teórico filosóficas Friedman-Hayek y difundido por la Universidad de Chicago, no ha sido sinónimo de verdadero desarrollo ni ha mejorado los indicadores del circuito de la economía de la zona. Los recursos siguen siendo insuficientes, las necesidades se han expandido a causa de la promoción del consumo y la distribución es la más desigual del planeta.
Efectivamente, tenemos la mayor brecha social del mundo; en nuestra Latinoamérica, el 5% más rico recibe el 25% del ingreso nacional, mientras que el 30% más pobre obtiene el 7,5%. En otra dimensión de la estadística, el 10% más rico tiene un ingreso 84 veces mayor que el 10% más pobre[4].
Pero, ¿qué tiene que ver esto con las políticas de modernización del Estado?
Lo cierto es que la inequidad no sólo es un asunto de desigual distribución de ingresos. Tiene que ver también con la propiedad de los activos productivos, la obtención de créditos y la posibilidad de participar en el esquema financiero. Además está estrechamente vinculada con el acceso a la salud, las posibilidades de educación real y en la actualidad, muy crecientemente, con la incorporación al mundo de la informática.

Flor de Educación (por jemplo)

El analfabetismo digital, que excluye automáticamente de las posibilidades de participar del ámbito de la información y de las comunicaciones globalizadas, esta creciendo, a pesar de las muy promocionadas estrategias para universalizarlo. En esto, las cifras de Chile no son parámetro para la zona; mientras en nuestro país casi el 25% de la población tiene acceso a Internet, en el resto de América latina ese porcentaje no alcanza el 5%[5].
En relación a la educación, a pesar de las reformas -y ahora si nos sirve una cifra nacional- los resultados del Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS), hablan por si solos: apenas un 15% de los estudiantes chilenos se encuentran en niveles intermedios y superiores en matemática; el promedio internacional es del 50%. Es claro que el problema de la calidad de la educación, persiste de una manera profunda y arraigada.
En octubre de este año, el presidente Ricardo Lagos, en la jornada inaugural del décimo Congreso sobre Reforma y Modernización del Estado, preparado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que se celebró en Chile, hizo una alusión a este problema y a la ineficiencia de las reformas adoptadas en educación. Mencionó que un país como el nuestro, a pesar de la capacidad de tener prácticamente un 100% de cobertura en el tema, no ha sido posible, "mostrar un equilibrio en la calidad de la Educación, para lo cual el Gobierno debe incluir en su política educacional la discriminación positiva, focalizando mayores recursos en los sectores más carenciados"[6].
A la base, esta afirmación es importante y posiblemente movilice a un numeroso grupo de personas dedicadas al servicio público, para conseguir esa encomendada “discriminación positiva”. Pero examinemos el contexto de esa tarea:
El documento conocido como “Informe Brunner” [7], fundador de la estrategia del Estado en materia de modernización del sistema educacional, apareció a mediados de los 90’ para inspirar el curso de las reformas que hoy se están implementando.
En esos días, Chile despertaba recién de la larga siesta social de la dictadura, y nadie en las clases más privilegiadas podían creer que sólo el 10% de los niños que se educaban en el sistema público, lograra un nivel de aprendizaje satisfactorio; tampoco estaba claro entonces que el costo promedio por alumnos en establecimientos de educación subvencionada, era menos de la mitad de lo estimado necesario para asegurar una educación básica de calidad aceptable y este costo era cinco veces inferior al costo promedio por alumno en los colegios particulares privados. Hoy, muchas de esas constancias persisten. Hay nueve veces más alumnos en las escuelas subvencionados que en las privadas. Sólo dos de cada diez niños de familias pobres asisten al jardín infantil y hay cerca de 4 mil escuelas rurales incompletas, es decir que ofrecen menos de los 8 grados del ciclo básico obligatorio[8].
Por otra parte, los resultados del Sistema de Medición de Calidad de la Enseñanza (SIMCE) no muestran conclusiones menos dramáticas; baste decir que a finales de los 90’, las escuelas privadas obtuvieron, en promedio, un 30% más puntaje que las públicas. El mismo dato en el año 2002, evidenció que se había ensanchado la brecha y la media de rendimiento superior era ahora de un 35%[9].
En este contexto, para contrarrestar la distribución regresiva de la oferta pública educativa, se hace evidente (hace ya muchos años) que un aumento de las USE (Unidad de Subvención Escolar) es esencial para empezar a hablar del tema. Sin embargo no ha sido sino hasta este año, en el contexto de la reunión internacional del CLAD, que el ejecutivo ha abierto la puerta a la posibilidad de incluir en su política educacional, una forma de “discriminación positiva”.
En el tema de la educación (recogido aquí como ejemplo) y en muchos otros, el plan de la modernización no ha avanzado cualitativamente como estaba previsto. Que no se me mal entienda; no se trata, en este eje, de probar que la modernización es un fracaso (nada más lejos de la realidad y la justicia que esa afirmación), pero si de asentar la evidencia de que es insuficiente y que el enorme énfasis que se ha puesto en las reformas administrativas y tecnológicas, quizá haya desviado la atención de otros factores tanto o más importantes para el verdadero desarrollo.

Entusiasmo Desmedido = Conclusión Apresurada

Es claro que, en el mundo de hoy, la acción administrativa de los Estados no es el único factor a tener en cuenta cuando se plantean las posibilidades del futuro; sobretodo en los temas relativos a la expansión de las oportunidades y a la persecución de la justicia y la equidad para los ciudadanos excluidos de los beneficios mínimos del sistema; a saber, más de la mitad de la población del mundo, por lo menos 213 millones personas en América Latina y unos 3 millones de ciudadanos chilenos[10].
Una vez más, en el entusiasmo desmedido por las expectativas de la modernidad (esta vez expresado en el plan de reformas) se ha llegado a creer que no importa qué camino se tome mientras se mantenga uno ocupado. Quizás hemos dejado pasar el agua bajo el puente, haciendo como que la extrema riqueza no tiene nada que ver con la extrema pobreza y hemos creído inocentemente que las “escandalosas desigualdades[11]” tienen posibilidades de ser revertidas a través de los honestos esfuerzos de lo que hoy por hoy queda del ajustado aparato del Estado.
En los últimos 15 años, la economía regional ha crecido a un global del 2,5%. El año pasado los patrimonios de las 26 personas más ricas de Latinoamérica se expandieron en casi un 22%[12]. Sólo esas 26 fortunas reúnen U$ 87.900 millones declarados, prácticamente todo lo que Chile produce en un año.
En suma, las posibilidades de los procesos de modernización de los Estados en América Latina, y en todo el mundo en vías de desarrollo, tienen fronteras claras y visibles. No es prudente pensar que serán capaces de hacerse cargo de los temas críticos del futuro. La incorporación de tecnologías y la eficiencia administrativa, sin duda mejorarán los procesos, pero la meta del desarrollo con equidad, de la verdadera participación con perspectiva democratizante, del protagonismo de las personas en la definición de sus propios destinos, de la justicia social y de la expansión de las libertades para desarrollar las humanas capacidades de cada uno, no llegará sin la comparecencia, voluntaria u obligada (por el poder de la soberanía que delega el pueblo en sus gobiernos) de todos los actores sociales, y muy especialmente de los que hoy son propietarios de los activos del mundo.
Las personas comunes y corrientes, ya sea como hombres o mujeres pertenecientes a la sociedad civil, o como ciudadanos o ciudadanas de la sociedad política, ejercen hoy funciones puramente pasivas. “El individuo es tan impotente ante el poder económico en la sociedad civil, como lo es el ciudadano para ejercer la cuota individual de la soberanía popular que teóricamente le cabe…”[13].
En este repetido axioma de la insatisfacción individual moderna, está quizás la clave de las reformas necesarias; unas que se inicien en la restauración de la justicia social y en una concepción ética del desarrollo, que partan de una idea clara y realista de la situación de los individuos; reformas que tengan en cuenta los contextos comunitarios y regionales, las diferencias internas, la historia de los pueblos y los conceptos propios de bienestar y progreso. En suma, una modernización que se construya como consecuencia del camino recorrido y no como carrera desbocada hacia el futuro.

Andrea Rodrígiez Chiffelle
ESODE XI UAH

Notas:
[a] “Principios Orientadores y Sentido del Proyecto” Documento Gobierno de Chile . Enero 2003. http://www.modernizacion.cl
[b CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo) Últimos documentos: Consenso de Madrid, junio 2005; Declaración de Mexico, mayo 2005; Consenso de San José, julio 2004.. www.clad.org
[c] Alvin So. “Social Change and Development”. Newburry Park, California:Sage 1991. Citado en artículo de G.E. Reyes “Principales teorías sobre el desarrollo económico y social” en http://www.monografías.com/trabajos10
[d Institutos de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile. http://administraciónpublica.uchile.cl/insti_historia.html
[e] Grandes reformas de la modernización del Estado. Antecedentes. www.modernización.cl
[1] Sergio Alberto Cabrera y Juan Romeo Benzo, “La política de la modernización a través de la Internacionalización”. Artículo publicado en web de gestión estratégica: http://www.gestiopolis.com
[2] Ibid 1. pág 2.
[3] Bernardo Kliksberg. “Repensando el Estado par el Desarrollo Social”, San Pablo, Cortez, 1998. pág 37.
[4] CEPAL 2003
[5] Ibid 5
[6] Ricardo Lagos, CLAD oct 2005. Citado en http://www.modernizacion.cl/1350/article-88410.html
[7] “Los Desafíos de la Educación Chilena frente al siglo XXI”, Comité técnico nacional sobre la modernización de la Educación chilena, Gobierno de Chile. Santiago, 1994.
[8] Martín Hopenhayn, “El desafío educativo en busca de la equidad perdida”. División de Desarrollo Social, CEPAL. Publicado en http://www.reduc.cl/raes.nsf
[9] Jorge Pesce “, Publicaciones Instituto Libertad, abril 2003. http://www.sociedadcivil.cl
[10] Panorama Social en América Latina 2005, CEPAL.
[11] Declaración de la 89 Asamblea Plenaria de Obispos Chilenos, CECH, abril 2005.
[12] Lista de multimillonarios FORBES 2005.
[13] Fabio Comparato. Citado por Tarso Genro en “Ética y Desarrollo, la relación Marginada” B.Kliksberg (compilador) Editorial Ateneo y BID. Buenos Aires 2002.

Gobernabilidad: Condición del Desarrollo

Desde las primeras formas de sociedad humana, el tema del gobierno se instaló para fundar y administrar una manera de convivencia colectiva, protegida y equilibrada, que resguardara la libertad de los sujetos para potenciar el máximo de sus posibilidades individuales y sociales.
En los albores de la sociedad humana, la necesidad de un orden social demandó de los más aptos, una actitud de resguardo y guía de la tribu social, y de los más débiles la entrega de una parte de su soberanía individual al gobernante. Un poco de la libertad total de cada uno fue delegada en el gobierno, para investirlo de autoridad legítima, y así nació la primera forma abstracta de poder político.
Con el tiempo, la complejidad creciente de la sociedad determinó que los gobiernos se hicieran también cada ve más complejos. El advenimiento de la modernidad política, trajo consigo una nueva concepción de la estratificación social que, en concordancia con las ideas de la ilustración, marcó un límite en las atribuciones del poder consolidado. 1789 define un cambio del paradigma social y político, en el que el Ciudadano debutó, por primera vez en la historia de la humanidad, como contraparte del Príncipe.

El Discurso Democrático Moderno: a la base de los Gobiernos Legítimos

Por primera vez, el monarca fundaba una relación efectiva de derechos con el pueblo. La soberanía popular reconquistaba un poco de lo suyo y las manos del príncipe no podían hacer más que abrirse, para entregar con humildad, o cerrarse, para defender con sangre, la soberanía del gobierno absoluto.
Sangre y fuego mediante entonces, la revolución Francesa probaba que la era del despotismo y la sumisión había terminado. La introducción del discurso democrático significó que las tradicionales relaciones de subordinación y esclavitud entre las elites de poder y las masas populares, se convirtieran en relaciones de dominación y opresión.
Según Laclau y Mouffe[1], una relación de subordinación sólo es resistida y se convierte en relación de opresión, cuando existe un “externo discursivo”, una idea que viene del exterior de su dinámica, a sustentar su condición. Esta idea, frecuentemente originada por el descontento social, se convierte en “sede de antagonismos”, de disputa y enfrentamiento. Así por ejemplo, lo que había entre siervos y señores feudales no tuvo sede de antagonismo ninguna, hasta que no apareció la extraña idea de la igualdad entre los hombres; el esclavo y el amo no constituían, para los sujetos involucrados, una relación de dominación explícita, hasta que apareció el discurso de la libertad humana y los derechos del hombre para transformarla en una relación de opresión.
El orden social exige nuevos principios articuladores, que impulsen a cada uno a actuar debidamente en sus relaciones con otros. De alguna forma, se trataba de un discurso pacificador, pro acuerdos, que intentaba rescatar la dignidad humana y que significó un cambio profundo en las relaciones entre los hombres, ahora iguales más allá de su estatura económica o social.
Sólo entonces aparecen y se despliegan las condiciones que harán posible la incorporación efectiva del ciudadano en el mundo político. La sociedad empoderada, comienza a exigir gobiernos efectivos.
Aquí termina aparentemente la sociedad jerárquica y desigualitaria, regida por una lógica teológica política, en la que el orden social encontraba su fundamento en la voluntad divina; donde el rol del sujeto estaba definido y fijado en posiciones diferenciadas sin que esto constituyera escándalo ninguno. Se trata del fin de un paradigma de larga data, el ocaso de una idea consolidada y la emergencia de una nueva forma ontológica. El debut del discurso democrático aparece para quedarse en la conciencia ontológica y abre un mundo de nuevas posibilidades de estructuración, administración y ejercicio del poder delegado en los gobiernos.

Tras las Fórmulas de Gobierno Moderno: del Ciudadano al Proletario

Rousseau pensó al ciudadano como un ente de poder soberano, capaz de ejercer gobierno sobre al menos sí mismo. El ciudadano de Rousseau se batió en histórico duelo con el príncipe de Maquiavelo, y aparentemente triunfó el poder del ciudadano sobre las artimañas del Príncipe. Pero el triunfo de Rousseau tampoco fue definitivo; llegó un nuevo externo discursivo para volver a agitar las aguas de las relaciones entre los hombres y el poder; la sede de antagonismo se radicalizó bajo el nombre de lucha de clases. El ciudadano fue noqueado por el descarnado realismo de la Revolución Industrial y reemplazado por el burgués o el proletario.
El ejercicio del poder perdió toda legitimidad y respaldo social. “Donde hay poder hay opresión”, sentencia Foucoult y su idea se encarna en la confrontación persistente entre proletarios y soberanos del poder económico. El sistema societal reventó y el desarrollo del proyecto de nación y gobierno, como convivencia organizada y legítima, se frenó drásticamente, dando paso a la revolución social.
Desde el ciudadano autosatisfecho en su empoderamiento teórico, hasta el proletario alienado con nada que perder, en la práctica, la modernidad había dado un nuevo paso; unos dicen que atrás, otros adelante, otros al lado, pero paso al fin.
Recuperados del terremoto de Marx, que finalmente ni siquiera se acercó a su meta de sociedad sin clases, los proletarios colgaron sus guantes (prueba de eso es que hoy la clase obrera se somete voluntariamente a la alienación), desapareciendo de la escena de la revolución y desocupando el vagón de la Locomotora de la Historia.
Retomaron entonces las riendas del mundo los discípulos de la Ilustración, inaugurando la era de las derechas y las izquierdas políticas, con el principal objetivo de devolver el orden al mundo, a través de la instauración de la Democracia Moderna.
La proposición democrática de gobierno avanzó sin transar, entre, contra o a pesar de dominaciones coloniales, alzamientos populares, revoluciones, totalitarismos radicales y guerras mundiales.
La creación de la Organización de Naciones Unidas y el acuerdo de Bretton Woods en 1944, determinaron un nuevo orden en la regulación del poder político del mundo. La fundación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para apoyar y financiar el desarrollo equilibrado de post guerra, significó un cambio radical en el curso de la historia occidental y en las definiciones de los gobiernos del mundo. La Democracia dejó de ser una alternativa nacional y se transformó en la opción planetaria de gobierno.

La Comunidad del Desarrollo

La comunidad política internacional apátrida apareció oficialmente, quizás por primera vez en la historia de la humanidad, y fijó sus sedes en las más sofisticadas y cosmopolitas ciudades del mundo, adquiriendo un carácter inter y supranacional. El gobierno mundial empezó a legitimarse crecientemente, con la concertación de casi todos los líderes nacionales del mundo.
Los gobiernos nacionales dejaron de deberse sólo al pueblo y generaron una nueva relación de legitimidad, esta vez, con la comunidad internacional organizada, institucionalizada y eficaz: “la comunidad del desarrollo”.
Para los gobiernos de los países en vías de desarrollo, este nuevo parentesco, significó un profundo cambio en las reglas del juego democrático. La liberalización del comercio mundial fue la estrategia escogida y, después del Consenso de Washington, la opción de la democracia neoliberal definió el desarrollo económico abierto como su primera prioridad.
En los países del Tercer Mundo, el scope de deberes de los gobiernos se amplió hacia la necesidad de cubrir los requerimientos internacionales de desarrollo; requerimientos asumidos como transversales e igualmente exigibles para todos los rincones del mundo.
Democracia, crecimiento económico, funcionamiento de las instituciones y estabilidad interna, dejaron de ser sólo objetivos nacionales y se convirtieron en condiciones intransables para participar del futuro político del mundo.
En este contexto, la necesidad de construir estadísticas y evaluar para, en la práctica, castigar o premiar, el comportamiento político económico de los países, se tornó una necesidad del modelo adoptado por la comunidad del desarrollo. Tanto así, que la libertad individual de los nacionales y la soberanía país, dependen hoy del cumplimiento de los estándares internacionales, definidos y evaluados por la comunidad internacional del desarrollo. Cooperación internacional, inversión económica privada, bloqueo, intervención y guerra, son algunos de las expresiones de premio y castigo, que se aplican efectivamente en nuestros días, en consecuencia de los nuevos indicadores.

La Gobernabilidad Exigida

El concepto de gobernabilidad se relaciona con el resultado de la administración del poder y las exigencias sociales para sustentar la legitimidad de los gobiernos. Como ejes de evaluación, apareció en los 80 (en plena crisis institucional y económica latinoamericana) para convertirse en un requisito fundamental para el desarrollo.
La gobernabilidad se entiende hoy, según la definición aportada por el Banco Mundial, como “el ejercicio de la autoridad a través de tradiciones e instituciones para el bien común, y abarca el proceso de seleccionar, monitorear y remplazar gobiernos; la capacidad de formular e implementar políticas públicas responsables y prestar servicios públicos; y el respeto de los ciudadanos y el estado hacia las instituciones que gobiernan las interacciones económicas entre ellos”[2].
Esta compleja relación entre autoridad, instituciones y ciudadanos, se expresa, para efectos de medir la calidad de los gobiernos nacionales, en seis indicadores:
1. Voz y accountability,
2. Estabilidad política y seguridad interior,
3. Efectividad del gobierno en formulación de políticas, control de la burocracia y prestación de servicios públicos,
4. Ausencia de carga regulatoria,
5. Calidad del Estado de Derecho y
6. Control de la corrupción.
Con esta elaboración, el Banco Mundial intenta formular parámetros de comparación para los países, donde se reflejen los avances y retrocesos de la gobernabilidad en el camino hacia el desarrollo, entendido como la uniformación económica del mundo, en torno a las ideas que la comunidad del desarrollo ha definido como necesarias y exigibles.
Examinemos la veracidad de esta afirmación, aplicando los supuestos de la gobernabilidad al momento contemporáneo:
El 10 de marzo de 2005, el diario “El Mercurio” de Santiago de Chile, publicó un titular que decía: “El mundo rinde un mal examen de gobernabilidad”. La noticia se refería a los resultados del estudio del Banco Mundial[3] acerca de la calidad de los gobiernos de 209 países y denotaba un especial estancamiento en lo relativo a la lucha contra la corrupción y la instauración de un “verdadero Estado de Derecho”.
En virtud de la información publicada y según los indicadores propuestos, podríamos pensar que los ejes del problema se situaban en los indicadores 5 y 6: calidad del Estado de Derecho y control de la corrupción.
Lo mismo que podría implicar que los indicadores referidos al ejercicio de los derechos ciudadanos (voice and accountability), estabilidad política democrática pacífica (political inestability an violence), efectividad de las instituciones públicas(goverment effectiveness) y fluidez de la economía de mercado (regulatory burden), se mantienen más equilibrados o menos negativos.
Este sistema de calificación comparable, es funcional no sólo a la evaluación del desarrollo interno de los países, sino también al interés de la inversión extranjera y transnacional. En este contexto, el mismo estudio señaló que, de acuerdo a las conclusiones de los investigadores, la mejora de un indicador puede implicar, a largo plazo, un aumento de hasta el 300% de PIB per cápita país.
Pero sabemos, también por la experiencia estadística, que el aumento de ese per cápita no está proporcionalmente relacionado con la superación de la pobreza ni con el verdadero desarrollo interno. Chile, sin ir más lejos, tiene un PIB de 5.800 U$ año, sin embargo el primer decil de ingreso autónomo se las arregla con menos de 1.300 U$ año; mientras el 10 % más rico tiene de base 47.500 U$ año[4]. Así mismo, la zona de América Latina y el Caribe alcanza hoy un PIB de 2.800 U$ año, sin embargo el 44% de sus habitantes reciben menos de 720 U$ año.
Por otra parte, para los países en vías de desarrollo, el puntaje asignado (en una escala que va desde el menos 2,5 al más 2,5) puede determinar también la diferencia entre recibir cooperación para el desarrollo o mera ayuda humanitaria. Esta sutileza no es menor, toda vez que verifica la posibilidad de contar con un sistema sustentable, financiado y técnicamente pertinente, para impulsar las alternativas de desarrollo en los países más pobres.
Pero no nos referimos cualquier alternativa de desarrollo, sino a una que pueda alinearse con las de las naciones más desarrolladas del planeta, en el contexto de la economía liberal transnacional.

Fortalecer las Instituciones para el Desarrollo... ¿de Quién?

Así mismo, cuando la comunidad del desarrollo habla de fortalecer las instituciones, también lo hace en un contexto que apoye el statu quo contemporáneo. Francis Fukuyama, en su última publicación[5], se refiere a la gobernabilidad necesaria para el orden mundial y al state-building, entendido como la necesidad de fortalecer las instituciones para el desarrollo.
Este es un elemento ampliamente discutido en América Latina. Más allá de si los Estados deben ampliar o no su rol en la regulación social y económica, el eje de la discusión está en saber qué nivel institucional priorizar dentro de cada Estado, para que el desarrollo ocurra sustentablemente y con equidad.
Hasta ahora, los consejos del Banco Mundial y las organizaciones internacionales, nos recomiendan (consecuentemente con sus estrategias de promover el comercio mundial para dinamizar la economía) avanzar en la institucionalidad para mantener el statu quo del sistema. Pero la experiencia de la región nos muestra que allí donde hay dudas o sospechas en torno a la racionalidad económica imperante, las instituciones (según los designios de la comunidad internacional) están llamadas a reprimir los avances sociales por el cambio, para mantener equilibrio en la zona (Bolivia, Venezuela). En cambio, donde el modelo avanza sin obstáculos, el rol de las instituciones puede ampliarse, asegurando el estándar alcanzado, con políticas sociales más extendidas y complejas (Chile, Brasil). La pregunta es, como siempre, ¿para qué?
Cuando el desarrollo y la sustentabilidad se entienden desde una perspectiva económica, lógicamente las instituciones deben ocuparse de mantener las condiciones para el flujo, el crecimiento y la acumulación del capital. Pero si estamos hablando de desarrollo en un sentido más amplio y menos unidireccional, el panorama cambia y las instituciones deben asegurar otros ámbitos, como la participación efectiva de la sociedad civil, la igualdad de oportunidades, la superación de la pobreza y la ciudadanía efectiva de los sectores más excluidos.
En la visión de Fukuyama, hay una correspondencia entre el stateness (la calidad de los gobiernos: fuertes o débiles) y el scope de funciones desarrolladas por el Estado. Estos factores determinan el avance hacia el desarrollo, siendo la fortaleza de los gobiernos la variable central. En esta visión, los países que avanzan en desarrollo son los que tienen gobiernos más fuertes, es decir donde las instituciones son eficientes en el mantenimiento de la ley, el orden y el estado de derecho; mientras las actividades desarrolladas por el Estado, expresadas en políticas sectoriales, sistemas regulatorios o algún papel en el diseño de la distribución del ingreso, son mínimas.
Como vemos, la gobernabilidad debe estar orientada a asegurar gobiernos fuertes y estructurados, para encajar sin problemas en la estructura económica mundial. Que un gobierno sea efectivo en la superación de la pobreza o en el desarrollo interno, es un objetivo de segunda generación.
Una vez más, como cuando planteaba el “fin de la Historia” (a causa de la capitulación de Este, en la forma del derrumbe del Muro), Fukuyama nos presenta una visión funcional y hegemónica de las posibilidades del futuro. Esta vez, en aparente acuerdo con la idea de un desarrollo integral, puede ver más allá de lo económico; pero finalmente devela sus intenciones cuando plantea que el desarrollo del Sur y de Latinoamérica en particular, es importante sobretodo para fortalecer la posición del “Nuevo Imperio”. En este sentido, Fukuyama no va detrás de cualquier desarrollo, sino de uno que se sume y pueda alinearse con el de Estados Unidos, líder de la comunidad del desarrollo, contra sus nuevos enemigos en la historia sin fin.

El Cuarto Indicador: Ideologizando el Desarrollo

Las ideas para el desarrollo de hoy, provienen en gran medida de una línea de pensamiento que se identifica con el liberalismo ideológico y con la concepción del desarrollo vinculada casi exclusivamente al crecimiento económico en base a la expansión del capital.
El espíritu del capitalismo, como dice Weber, exige un tipo particular de conducta económica, “que se caracteriza por la búsqueda de ganancias cada vez mayores, gracias a la utilización racional, calculada y metódica de los medios de producción, como también de las condiciones del mercado o del intercambio”.[6]
El desarrollo, en el contexto del capitalismo y entendido desde el axioma weberiano, se vincula casi exclusivamente al crecimiento económico y se aleja de las personas que no participan de las ganancias o que no tienen el comportamiento económico pertinente.
Aunque, recientemente, crece con fuerza la tendencia a ampliar el concepto de desarrollo hacia las necesidades culturales y sociales; es más correcto pensar que, aún, las principales instancias de la comunidad del desarrollo, se mantienen aplicando indicadores que más parecen líneas ideológicas, porque lejos de plantearse consultivamente a los gobiernos, exigen en la práctica el cumplimiento positivo de su propuesta.
Así, por ejemplo el cuarto indicador de gobernabilidad del BM, referido a la regulación de la economía, plantea en positivo sólo la ausencia de barreras regulatorias, sin contemplar la soberanía país al momento de elegir los sistemas productivos y arancelarios, ni las opciones sociales nacionales de desarrollo con relación a la apertura internacional.
La posibilidad de elegir soberanamente un modelo alternativo de estrategia económica, para los países en vías de desarrollo, no está contemplada en las posibilidades del presente. La imposición de libremercado a nivel transnacional, condicionó la emergencia de una dinámica mundial excluyente, que no admite disidentes, en su carrera desenfrenada hacia
quién sabe dónde. Crecer es la consigna y explotar todos los activos productivos posibles al máximo, el axioma.

Imaginar el Destino de Otras Trayectorias

La vieja idea del “desarrollo desde adentro”[7], como estrategia económica de gobierno sustentable, planteada por Raúl Prebisch en el contexto de la CEPAL de inicios de los 50, y que era decisiva a la hora de corregir las asimetrías internacionales, cumplió, murió y está sepultada, para la racionalidad politico-económica imperante.
El impresionante desarrollo de Argentina, que la llevó a ser unos de los cinco países más ricos del mundo en los 60, con un enorme desarrollo industrial nacional, es tal vez un ejemplo de las inconclusas potencialidades de ese abortado modelo de desarrollo. Las posibilidades de otras trayectorias históricas de ese proceso, podrían haber significado un giro esencial en los resultados sociales de hoy.
En ese contexto y en teoría, si prospectivamente la economía hoy se planifica hacia lo posible en el futuro, porqué no pensar que retrospectivamente también puede considerar otros escenarios. En palabras de Hugh Trevor- Roper: “no podemos pensar la historia sin la categoría de lo posible”.
La “reconstrucción imaginativa de otras trayectorias”[8], de otras opciones a los desenlaces del pasado, a fin de entender verdaderamente lo que ha sucedido, es íntimamente necesaria para comprender la lógica interna de la historia y la eventual lógica o no lógica del proceso resultante.
¿Porqué abortó el proceso de sustitución de importaciones?, ¿Porqué la industrialización nacional dejó de ser proyecto para los países del Tercer Mundo? ¿En qué momento el proyecto de Democracia Moderna propulsado por la comunidad del desarrollo, decidió hacer vista gorda con los procesos de los países menos desarrollados? ¿Cuándo América Latina decidió que la ausencia de carga regulatoria sería un parámetro para evaluar la calidad de su gobernabilidad? Responder estas preguntas sería quizás un ejercicio consecuente y ético con la historia.
En este sentido, la posibilidad de plantease otros caminos, quizás menos globales, pero más justos para los países en desarrollo, es una realidad no descartable. La comunidad del desarrollo hegemónico no es, en tanto hegémonica, sostenedora de la verdad final de la política planetaria.
Las voces emergentes de la sociedad post industrial globalizada, hablan del desarrollo como libertad y no exclusivamente como crecimiento; de la globalización como tendencia y no como ideología; de la economía como parte importante del problema, pero no como eje.
Quizás, empezar a cuestionar las decisiones y los métodos de la comunidad del desarrollo, sea una buena idea para iniciar el proceso de desembarazarnos de la racionalidad (o irracionalidad) de la estructura mundial contemporánea.
El externo discursivo de la relación entre los hombres que habitan la Tierra, hoy nos habla del antagonismo situado en la desigualdad, la injusticia, la opulencia y la miseria. En este contexto, la Tercera Vía de Lisboa, que iba tras un nuevo contrato democrático, que incluyera la superación de la pobreza, la tolerancia y el respeto humano, y la protección del medio ambiente, definitivamente no ha encontrado más puerto, como proyecto mundial, que los viejos ideales de la Revolución Francesa. “Igualdad, libertad, fraternidad” se contraponen dramáticamente al mundo de hoy, donde desigualdad, unfreedoms[9] (“deslibertades” institucionalizadas que impiden el desarrollo humano) e individualismo, dominan el panorama social.
El papel de las instituciones será definitivamente central en las posibilidades del mundo del futuro; pero es necesario que el hombre recupere la libertad para legitimar con verdad y autonomía, los caminos del desarrollo.
No es posible que, con más de la mitad del mundo viviendo en la pobreza, estemos en el momento donde más riqueza y acumulación de capital ha existido en la historia de la
Humanidad. La paradoja del desarrollo es un desafío ético antes que nada, y por eso la necesidad de un replanteamineto mundial es hoy, más urgente que nunca.
Desde el solitario Príncipe de Maquiavello, hasta los gabinetes de gobierno y las formas transnacionales de ordenación política de nuestros días, se ha construido un largo camino de formulas de poder, en cuyos ásperos senderos, sin duda, el hombre ha sido y sigue siendo tratado con dureza. La pregunta es si, a pesar de todo, la humanidad ha avanzado.

“Los individuos vivimos y operamos en un mundo de instituciones, de las que no somos siempre conscientes, muchas de las cuales trascienden hoy las fronteras nacionales. Nuestras oportunidades y perspectivas dependen crucialmente de las instituciones que existen y de cómo funcionan. Las instituciones no solo contribuyen a nuestras libertades, sino que deben ser evaluadas en función de su contribución a nuestras libertades. Así lo exige el contemplar el desarrollo humano como libertad…”
Amartya Sen (Premio Nobel de Economía 1998)


Andrea Rodríguez / ESODE 2005 / Universidad Alberto Hurtado

[1] Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. “Hegemonía y Estrategia Socialista: Hacia una radicalización de la Democracia”. Siglo XXI. 1985.
[2] Daniel Kaufmann. “Rethinking Governance”. Foro Económico Mundial. Banco Mundial 2003.
[3] “La dirección importa IV: Nuevos datos, nuevos hechos”. Investigación dirigida por el chileno Daniel Kaufmann, director del programa de Gobernabilidad del Banco Mundial.
[4] MIDEPLAN. Casen 2003.
[5] Francis Fukuyama. “State-building Governance and World Order”. Cornell University Press. Ithaca. 2004.
[6] Max Weber. “Etica protestante y Espíritu del Capitalismo”. Península. Barcelona 1969.
[7] José Antonio Ocampo (editor) . Raúl Prebisch, “La agenda del desarrollo económico en los albores del siglo XXI”, JA Ocampo, Bogotá 2004.
[8] Cornelius Castoriadis. “El Mundo Fragmentado”, 1989.
[9] Amartya Sen. “Desarrollo y Libertad”. Planeta. Buenos Aires. 2000.

libertad, igualdad, fraternidad

Es curioso como los valores de la modernidad, escritos con sangre en los ideales de 1789, han recorrido dos siglos en la conciencia de la humanidad sin haber logrado sino exactamente lo contrario de su espíritu.
“Liberté, Égalité, Fraternité”, llegan al siglo XXI enfrentando como nunca la realidad humana: Unfreedoms, desigualdad e individualismo, son los rostros más patentes de la sociedad en que vivimos.
En Chile las deslibertades se manifiestan a diario en la ausencia de oportunidades que los más pobres tienen para desarrollar sus capacidades. La pobreza de la cuna, expresada en la imposibilidad de los nacidos pobres de acceder a un entorno que los potencie, es un atentado a los derechos de las personas; todavía más en un país como el nuestro, que hoy tiene los medios materiales, distribuidos entre todos los actores de su desarrollo, para comprometerse con la superación de la pobreza.
A pesar de los indiscutibles avances en los planos macroeconómicos y de estabilidad política, Chile lidera hoy el triste ranking de los países más desiguales, en términos de ingreso, de toda Latinoamérica. Tomando en cuenta que nuestra zona es la más inequitativa del planeta, esta evidencia nos sitúa en un momento en el que estamos todavía lejos de tener un verdadero desarrollo que celebrar, y todavía menos, que “exportar” al resto del continente.
El economista indio Amartya Kumar Sen (premio nobel de economía 1998) elabora su pensamiento en el marco del creciente consenso que considera al desarrollo como un proceso que va más allá del crecimiento económico.
Para los que entendemos, como Sen, el desarrollo como despliegue de las oportunidades sociales y expansión de las libertades de los individuos, la idea de libertad es el eje del problema. “Desarrollo como libertad” implica una noción del concepto que tiene que ver con las oportunidades y las capacidades que cada uno potencia o no, en relación con la libertad alcanzada. Plenas oportunidades para el desarrollo de las capacidades, es entonces el lema escatológico de la libertad.
La pobreza, la falta de oportunidades, la ausencia de políticas sociales o la intolerancia represiva son, a la vez que problemas sociales enquistados en nuestro mundo, las principales causas de la privación de la libertad. El verdadero desarrollo exige una mirada profunda hacia los fines sociales y una promoción de los instrumentos o medios que, interactuando, construyen las posibilidades de los individuos de alcanzar una vida mejor.
Entender el papel de la expansión de las libertades individuales como eje del desarrollo, exige entonces dos miradas: una constitutiva, que enmarca a la libertad como fin individual y social del proceso de desarrollo; y otra de carácter instrumental, que presenta a las libertades que son medios, ventanas para las oportunidades de desarrollar capacidades y posibilidades para superar las unfreedoms o “deslibertades” instaladas, que se oponen al verdaero desarrollo.
Las libertades instrumentales provienen del mundo social y son construcciones políticas, que tienen expresión en las posibilidades de planear el propio futuro, participar políticamente o gozar de los beneficios sociales.
En el contexto latinoamericano, las libertades políticas no tienen una larga raigambre histórica; la esclavitud fue abolida a mediados del siglo XIX, el voto universal es una práctica con menos de un siglo, las elecciones libres eran cuestionadas todavía hace 20 años y la libertad de expresión es un camino que recientemente se está consolidando como derecho. A pesar de esto, y sobretodo después del periodo de opresión y silencio, vivido por casi todos los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX (a causa de la intervención extranjera, la sedición interna o las constantes revoluciones y contrarrevoluciones armadas), la promoción de las libertades políticas es una bandera de consenso que se asocia con los derechos inalienables de los pueblos, en virtud de un creciente y extendido rescate de los derechos humanos, económicos y políticos.
En relación con las libertades en el marco de lo que Sen denomina “facilidades económicas”, el camino latinoamericano se presenta todavía más complicado. La falta de nivelación en el campo de juego de las unidades productivas, expresada en la dinámica “perversa” que se reconoce en la velocidad de avance de los segmentos productivos (grandes empresas / empresas medianas y pequeñas / microempresa informal), se ha convertido en la piedra de tope del desarrollo y en uno de los factores más peligrosos para conseguir la esquiva equidad interna de los países. La falta de facilidades económicas, como el derecho al crédito por ejemplo, en los sectores más débiles de la producción, crea paradojas al desarrollo como la de que la pequeña y microempresa (a pesar de que representa más del 60% de la fuerza de trabajo de la zona) no acceda a más del 5% del crédito disponible.
En relación a las oportunidades sociales, la falta de equidad opera nuevamente y aquí quizás en una de sus formas más crueles, privando a la mayoría de los niños y los jóvenes de las oportunidades de la educación de calidad. En la conocida frase promocionada por UNICEF, que dice: “hoy en Latinoamérica la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres”, se expresa la funesta situación local en relación con las oportunidades sociales. Salud, educación, empleo, vivienda son temas a la base de construcción de la libertad de las personas en el mundo contemporáneo, y donde la falta de justicia distributiva condena a la mayoría a la pobreza mientras impulsa a otros al pleno desarrollo en el seno de las elites locales.
Las garantías de transparencia, que finalmente tienen que ver con la eficacia y la eficiencia de los medios que promueven la libertad de las personas, tampoco son un asunto resuelto en la región. La denigrante chapa de “países bananeros” en los 70 y los constantes escándalos de corrupción en la administración de los gobiernos, principalmente de los países más pobres, son parte de la rutina latinoamericana, y a pesar de la enorme importancia que hoy tienen los temas de gobierno y modernización del Estado, lo cierto es que la mayoría de nuestros países no rinden un buen examen al respecto. Los países de Latinoamérica (con excepción de Brasil y Chile), según un reciente estudio del Banco Mundial, están por debajo del promedio de gobernabilidad del mundo.
Protección y Seguridad, la quinta forma de libertades instrumentales que apunta Sen, tampoco es una tarea fácil en la región. Aquí, una vez más la desigualdad en la base de la estructura social, genera enormes problemas de delincuencia, marginalidad, violencia, desprotección, drogadicción y una larga lista de efectos potenciados por la falta de cohesión social y la infranqueable tozudez de la política pública efectista, que insiste en construir cárceles, mientras los programas de promoción social y rehabilitación, que empíricamente han demostrado ser más eficientes que la penalidad, no cuentan con el apoyo del Estado. En Chile, por ejemplo, los programas de este tipo, ampliamente desarrollados y ejecutados por ONG’s, cuentan con menos de un 5% de subvención estatal.
Igualdad, libertad y fraternidad, son todavía palabras al viento en el mundo. Una intención abortada, como tantas buenas intenciones expresadas por la humanidad en un momento de encuentro y lucidez . Las Metas del Milenio, el Concilio Vaticano II, la Declaración de Derechos Humanos y el lema de la Revolución Francesa, comparten espacio en el gran baúl de las utopías humanas, encadenado casi siempre por la realidad.

LOS CHILENOS... ¿?

La sociedad chilena ha atravesado por una época de importantes cambios en las últimas décadas. El progreso macroeconómico ha permitido la expansión de la infraestructura país, uniendo a Chile materialmente y vinculando a los chilenos a un paisaje común que antes no se expresaba más que simbólicamente.
Este nuevo panorama nos ha puesto en un punto en el cuál, para seguir desarrollando la democracia, es íntimamente necesario plantearse la pregunta por la identidad: ¿quiénes somos los chilenos?, ¿nos sentimos parte de un “nosotros” común?, ¿cuál es el “proyecto país” compartido por todos los chilenos?
El Informe sobre Desarrollo Humano en Chile del PNUD, intenta dar respuestas a estas preguntas y, sobre la base de que toda sociedad necesita una imagen de sí misma, explora los desafíos culturales de Chile y sus posibilidades de concretar una práctica y un imaginario de la vida en común, en miras del Bicentenario.
Pero el desafío no se ve fácil, ya que existe una fragilidad latente y profunda en la democracia que tenemos. La idea de un “nosotros” y la definición de “lo chileno”, se ha vuelto difusa y poco creíble en el imaginario colectivo. El despliegue de la individualización no admite, en su definición “a la chilena”, la existencia de proyectos, objetivos y valores comunes a toda la sociedad. La “diversidad creativa”, que propende a pluralidad y a la construcción de un Desarrollo Humano sustentable, desaparece bajo la “diversidad disgregada” de Chile, donde cada quien se diferencia porque va tras su propia idea de futuro, sin contemplar al otro como co-constructor de una realidad común favorable.
A pesar del énfasis en el discurso gubernamental en torno a las políticas culturales, en la práctica, el país exhibe un déficit cultural que frena las capacidades de la sociedad para actuar como sujetos. Así, la necesidad de generar una visión país, en la que todos puedan reflejarse, y la urgencia de que las personas puedan encontrar el sentido de un proyecto común que incremente la libertad individual, serán el gran desafío de la cultura en Chile.
La experiencia cultural cotidiana de los chilenos está atravesada por los efectos de los profundos cambios políticos y económicos. La redefinición del Estado, otrora eje de la dimensión cultural de Chile, y la preeminencia del mercado, expresada por ejemplo en la cultura del consumo y la industria cultural; han dado lugar a un nuevo esquema de la imagen de la sociedad. La producción y la circulación de mensajes y símbolos, tienen hoy nuevos ejes de referencia, que de alguna manera impulsan a unos a experimentar la sociedad como el padecimiento de una “máquina avasalladora” y a otros como la fuente de experiencias vitales satisfactorias.
Esta doble identidad de lo social es causa y consecuencia del déficit de integración cultural, que abre la brecha entre ganadores y perdedores en el juego de la integración social. Las experiencias de éxito o frustración en la vida personal, condicionan la imagen de la sociedad y condenan a Chile, por ahora, a la imposibilidad de habitar un “mundo común”, donde las diferencias estén dentro de un contexto abordable socialmente a través del diálogo y la negociación. En este contexto, se hace difícil hablar de un “nosotros” y la idea de una democracia “para todos y con todos” se debilita sustancialmente.
Una vez más la desigualdad, la equidad desentendida del crecimiento económico, se revela como el mal más profundo de nuestra sociedad. Pensar en la integración cultural de Chile, en la adopción de una identidad común, es un desafío sin mucho destino mientras la sociedad siga fragmentada tan escandalosamente, por las diferencias en el ingreso, las oportunidades y las posibilidades de ejercer la libertad, entre las personas que viven y las que padecen el desarrollo de Chile.

El ojo pre moderno de Aristóteles

Antes del acontecimiento epocal, en que el advenimiento del mundo moderno desplazó al paradigma de la medioevidad, asistíamos a un tiempo marcado por un orden heterónomo, donde todo era pre-dado, decidido desde una esfera externa a la voluntad y a la existencia humana.
Antes del entronamiento del poder de la razón, antes de que el hombre se situara en el centro del Universo y el sujeto se encontrara cara a cara con su protagonismo y su autonomía, los ejes del devenir humano hacían polo en continentes deshabitados de hombres.
Naturaleza, Kosmos o Dios, fueron en la ética pre-moderna los que animaron al mundo como el titiritero a sus muñecos. El hombre sencillo y pequeño, era entonces el actor secundario de una creación cuyas directrices eran regidas con total indiferencia a los intereses humanos.
Mientras en el paradigma medieval, el ser humano se hallaba en un punto espacio temporal ubicado entre la inmanencia de la piedra y la trascendencia de Dios; en el esquema ético griego sólo era visible -a través de su expresión social: la polis- en un minúsculo rincón del inconmensurable kosmos.
En el mundo aristotélico, la pregunta era sobre la Naturaleza, y en ese contexto, tan válida era la interrogante sobre la naturaleza humana como la que exploraba la naturaleza del viento.
El principio constitutivo que abría y cerraba todo el discurso sobre la realidad, era la Naturaleza y el mundo conjunto de todas las cosas existentes era el Kosmos. Era un orden objetivo, sin dudas ni sospechas, expresado en todo lo vivo y bullente, en el mar y en el fuego, en las cosas y los seres que poblaban el Universo.
La des-sacralización de la Naturaleza y la distancia que existe hoy entre Ser y Naturaleza no se había expresado. El hombre era parte de un todo, en el que los dioses eran reales y se movían como él, aunque en una esfera superior, en el telón de fondo del Kosmos. En este contexto, el filosofar fue un intento humano por liberarse, a la manera de Prometeo, del capricho de los dioses. La autorreflexión crítica, de alguna manera, irrumpe para “competir” con los dioses a la hora de trazar los destinos de la existencia.
Pero para acceder a la libertad del pensamiento el hombre debe interlocutar con la esencia: la llave que abre esa posibilidad es el Logos. Este principio inteligible que conecta a la razón humana con la Naturaleza, permite al hombre percatarse de la naturaleza de las cosas y ecualizar la sintonía de sus actos con el Kosmos. El principio orientador de los actos se resuelve en la naturaleza propia de cada acto, y como la naturaleza del hombre pertenece al conjunto de los hombres, a la sociedad, la medida ética del hombre será la naturaleza social.
La comunidad política: la polis, será entonces el sujeto de la ética; no el individuo, cuya posibilidad de ser persona está supeditada a la pertenencia social. La polis sabe, más que cada individuo en particular, lo que es correcto o incorrecto. De esta manera, si hay conflicto entre el bien individual y el bien de la polis, siempre será el bien social el que impere y se superponga. Pero como lo que quiere la polis es la felicidad del hombre, el buen vivir y la virtud, no hay razón para que se produzca el enfrentamiento. Un Estado virtuoso hará personas virtuosas y viceversa.
En la ética aristotélica, el hombre no es por naturaleza de ninguna manera, como modo de ser, y es en lo social donde se forma, se desarrolla y se convierte en persona. La orientación siempre tiende a la vida perfecta, a la felicidad, que es un fin en sí mismo, que no muta y está ahí permanentemente como una meta a alcanzar.
Para Aristóteles, toda acción tiene una dirección y el motor es el fin. El fin supremo, el de todos los fines, es la felicidad, que se identifica con el bien perfecto y con la vida perfectamente virtuosa. La felicidad para Aristóteles es una actividad del alma en acuerdo con la virtud perfecta. Esta virtud se la identifica por su sabiduría y su prudencia, que la ubican siempre en un justo medio.
Pero la virtud no está en el hombre por naturaleza; es preciso educarla. En la enseñanza de la experiencia, las dianoéticas y en el hábito y las costumbres, las éticas, todas las virtudes exigen acciones, prácticas, y por tanto no existen sino después de la mediación de los sentidos. Las virtudes humanas no son buenas o malas, sintonizadas o des-sintonizadas con la naturaleza, los modos de ser se forman durante la vida determinando virtudes o vicios que surgen de las acciones repetitivas u “operaciones semejantes”. En este contexto, placer y dolor son los ejes de las acciones que persiguen la virtud; no sólo hacemos lo malo a causa del placer o nos apartamos del bien por el dolor. Servirse de placer y dolor, será bueno o malo de acuerdo con la actitud con que los recibamos, los persigamos o los evitemos.
La ética pre-moderna, en su versión aristotélica, se identifica con una abstracción de las leyes de la naturaleza adecuadas a la comunidad política y en sintonía con la naturaleza social del hombre. La verdad, el ser y la totalidad, que tanto torturan al pensamiento moderno, son conceptos definidos, más allá de toda sospecha. El mundo está dado, hecho, resuelto, sin la comparecencia del ser humano. Por eso no hay más que aceptar la realidad e intentar alcanzar la felicidad a través de la observación estricta de la Naturaleza y las leyes del Kosmos.